España, a la cola de Europa en libertad económica

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La confianza en la economía de la eurozona y la UE cae con fuerza en abril con España a la cabeza

Un entorno regulatorio poco eficiente sitúa a España en el puesto 35 del ranking mundial. La economía española suspende, sobre todo, en el índice relacionado con el coste del despido (se encuentra en el puesto 80 de 141) a pesar de la reforma laboral realizada por el Gobierno. Países en los que el despido es libre, como Singapur, Nueva Zelanda, Dinamarca o Noruega se encuentran en las primeras posiciones de la clasificación.

Según el ranking recogido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), «el entorno regulatorio en España deja bastante que desear». La economía española se sitúa en el puesto 35, quedando sólo 8 países de la UE por detrás de ella, como Lituania, Eslovaquia, Croacia, República Checa o Grecia.

El ‘Índice Mundial de Innovación 2015’, realizado conjuntamente por la Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha basado en el análisis de tres aspectos: la calidad de la regulación, la confianza en el imperio de la ley y el coste del despido. En calidad de la regulación nos corresponde el puesto 32 y el puesto 30 en confianza en el imperio de la ley.

El entorno regulatorio que permite mayor libertad económica corresponde a Singapur, seguida de Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega y los Países Bajos. Entre los diez mejor clasificados están también Finlandia, Austria y el Reino Unido, así como Hong Kong y Canadá. Estos países, además, tienen las tasas de paro más bajas a nivel mundial, situándose todas por debajo del 10% de desempleo. En el caso de Singapur, según datos del Banco Mundial, su tasa de desempleo ni siquiera llega al 3%.

Suecia ocupa el puesto 13, Estados Unidos el 14 y Japón el 16. Malta, Irlanda, Francia y Chipre también están entre los 20 primeros del ranking. Alemania baja al puesto 26, por delante de Italia.

Para escalar posiciones en los próximos años, España debería flexibilizar su mercado de trabajo, mejorar la eficiencia de la regulación existente y, en los casos necesarios, suprimirla o simplificarlo. La seguridad jurídica supone también un pilar importante sobre el que asentar las bases de una sociedad con libertad económica que permita emprender e innovar.

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