El PP de Castellón frente al escudo social de Sánchez: pide una oficina antiokupas con cargo municipal

El Partido Popular de Castellón ha decidido plantar cara a lo que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez denomina ‘escudo social’ a través de la ‘okupación’ de viviendas. Alarmados por el continuo incremento de las viviendas ‘okupadas’ en toda la provincia, pero sobre todo en su capital, los populares han decidido llevar al Pleno municipal del Ayuntamiento que gobiernan PSOE, Compromís y Podemos una moción sobre este tema, siguiendo el modelo de Madrid. Reclaman el PP en la citada moción instar al tripartito municipal de izquierdas a que se elabore un plan integral contra ‘okupación’ ilegal que incluya un protocolo de intermediación para ayudar a los propietarios a recuperar las viviendas que legítimamente son suyas. Exige, también, instar a crear una oficina ‘antiokupas’ dotada con personal específico. Y, finalmente, insta a firmar un convenio con el Colegio de Abogados de Castellón para que el Ayuntamiento de la capital de La Plana se implique económicamente en la prestación de asesoramiento jurídico a comunidades de vecinos y propietarios afectados por la ‘okupación’.

En torno a las 1.000 viviendas al año, en datos del Ministerio del Interior, son objeto de la ‘okupación’ ilegal en el ámbito de la Comunidad Valenciana o, lo que es lo mismo, la toma de una vivienda o un local que está deshabitado para instalarse en su interior sin el consentimiento de su legítimo propietario. Sólo una parte de esas ‘okupaciones’ pasan a engrosar las estadísticas oficiales. En concreto, aquellas que son denunciadas ante una comisaría o comandancia y se convierten, en consecuencia, en hechos conocidos. En torno al 9% de las denuncias ante la Policía y la Guardia Civil por esas ‘okupaciones’, unas 90, se produjeron en la provincia de Castellón entre enero y septiembre de 2021. Una cifra superior a la de los 12 meses de 2016, 2017, 2018 y 2019, y cuya proyección apunta a superar el total de 2020, cifrado en 136.

Esta circunstancia ha generado una cierta inseguridad en los propietarios, No grandes especuladores de pisos, sino pequeños propietarios cuyo ‘pecado’ ha sido en muchas ocasiones invertir en una segunda vivienda para dejarla de herencia a sus descendientes a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio. O, sencillamente, que se marchan unos días y al volver encuentran ‘okupada’ su vivienda. Según relata el PP de Castellón, al problema que se genera para el propietario que ve su vivienda ‘okupada’ y a los vecinos de la propiedad afectada se suman otros problemas. Y, en concreto, señala como constatado que alrededor de la ‘okupación’ ilegal de viviendas existen organizaciones y mafias que cobran hasta 3.000 euros por facilitar ‘okupaciones’. Según los datos de las plataformas de afectados, más del 80%, dicen, no son de familias necesitadas.

Ante este desolador panorama, el PP castellonense ha optado por elaborar, siguiendo la estela del Consistorio de Madrid, donde gobierna el popular José Luis Martínez Almeida, una moción fundamentada en la creación de un plan integral de lucha contra la ‘okupación’ ilegal. Ese plan, además debe incluir 2 cuestiones. Una, la elaboración de un protocolo en materia de ‘okupaciones’ ilegales para las viviendas del parque público inmobiliario municipal con medidas generales y específicas. Esas medidas deben abarcar tanto la vigilancia preventiva como actuaciones de recuperación. La otra cuestión que debe incluir el plan es la elaboración de otro protocolo. En este caso, de intermediación para ayudar a los propietarios privados afectados por una ‘okupación’ a recuperar el uso efectivo de su vivienda, a la vez que los ‘okupantes’ pueden tener una solución habitacional siempre y cuando estén situación de vulnerabilidad acreditada.

Proponen también instar al órgano competente a habilitar una oficina ‘antiokupas’ con personal específico para activar un servicio de información a la ciudadanía que permita dar respuesta jurídica a los propietarios individuales o a las comunidades de vecinos sobre preguntas frecuentes en torno a la ‘okupación’ ilegal’, relativas tanto a conceptos básicos, como el de vivienda, allanamiento de morada o usurpación de inmuebles, los procesos judiciales ante estos supuestos o los requisitos básicos de presentación para optar a esos procesos. Finalmente, proponen firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Castellón para que el Ayuntamiento de esa ciudad se implique económicamente en la prestación del servicio de asesoramiento jurídico por los abogados colegiados a propietarios y comunidades afectados por la ‘okupación ilegal’ en la misma línea que ahora ya existe en el caso de los desahucios, con el fin de cubrir todo el espectro de problemas existentes en este ámbito.

Se da la circunstancia de que tripartito que gobierna la ciudad de Castellón tiene los mismos componentes que el que conforma la Generalitat Valenciana: PSOE, con 10 concejales, Compromís, con 3 y Podemos, con 2, que gobiernan en virtud del denominado ‘Acord del Fadrell’ (Acuerdo del Fadrell), liderados por la socialista Amparo Marco. En la Oposición, se encuentra el PP, con 7 concejales, Ciudadanos, con 3 y Vox, con 1. Además, hay una concejala no adscrita que procede de Ciudadanos.