Palma paraliza el cobro del impuesto de plusvalía tras declararlo ilegal el Constitucional

El Ayuntamiento de Palma ha paralizado el cobro del impuesto de plusvalías, después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarase, este martes, la nulidad de los artículos relativos al cálculo de la base imponible de este gravamen sobre los terrenos de naturaleza urbana.  

La medida fue dada a conocer en rueda de prensa por el concejal socialista de Hacienda, Adrián García, que precisó que la anulación de este tributo supondrá una pérdida de en torno al 5% de la recaudación tributaria municipal, alrededor de 25 millones de euros, el segundo impuesto municipal en importancia tras la contribución urbana (IBI). 

Un tributo que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos en caso de venta de un inmueble, y cuya desaparición, como reconoció García,  «puede suponer una pérdida de ingresos importantes». 

La decisión, además, se ha dado a conocer en la antesala de la aprobación de los presupuestos municipales para 2022 que, ahora, el gobierno municipal tendrá que volver a cuadrar. 

El edil socialista precisó en rueda de prensa, que “por prudencia” se deja sin efecto el cobro del mismo “hasta conocer la sentencia y estudiarla para ver cuál es la realidad y cómo nos afectará», afirmó. 

No obstante, el concejal de Hacienda ya avanzó la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez reaccione y tome las medidas necesarias, ya sean legislativas o de ayudas, para compensar la pérdida de ingresos que esta decisión del TC tendrá. En este sentido, García reclamó «mayor financiación» para los ayuntamientos con el fin de tener «más autonomía fiscal y de generación de ingresos municipales». 

Sobre la sentencia del TC, y su repercusión en la caja municipal, el principal partido de la oposición en Baleares, el PP, exigió al Gobierno central un fondo de compensación que permita recuperar los ingresos que van a perder los ayuntamientos. 

En este sentido, los populares alertaron de que “los consistorios no pueden aprobar sus Presupuestos para el 2022 en estas circunstancias”. Desde el Partido Popular balear lamentan “la falta de previsión” del Gobierno de Pedro Sánchez y reclaman a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que interceda para que el Ejecutivo central dé una solución legal que ofrezca seguridad a los ayuntamientos.

También el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, aseguró que, una vez que se publique la resolución del Constitucional, se tendrá que «tomar una decisión» sobre «quién se tiene que hacer cargo de las pérdidas de recaudación» causadas y, en este sentido, exigió una reforma legislativa que permita restablecerlo.