El informe para limitar la entrada de coches a Mallorca exige mantener gratis el transporte público

La gratuidad del transporte público en Baleares tiene las horas contadas, pese a que el informe que sirve de base para limitar la entrada de coches a Mallorca por parte del Consell exige que se mantenga, algo que parece ya totalmente descartado, por la falta de implicación y financiación desde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El estudio de carga que ha elaborado la consultora de Movilidad y Transportes Cinesi, que cuenta con más de 25 años de experiencia en estudios de movilidad por toda España, apuesta por mantenerlo gratis. Así  ha sucedido los pasados dos ejercicios, cuando el Ejecutivo de Sánchez transfirió al Govern unos insuficientes 43 millones de euros para tal fin, que ahora, el ministro de Transporte Óscar Puente, descarta aportar a las arcas autonómicas para su posterior reparto a los consells insulares y ayuntamientos.

Para los autores del informe, la gratuidad «genera un volumen de pasajeros considerable que previsiblemente ha cambiado el vehículo privado por el transporte público, con los beneficios que esto aporta a nivel de sociedad».

De hecho, la demanda real de pasajeros no solo ha crecido con la gratuidad, sino que «ha duplicado la demanda teórica calculada en las concesiones del servicio de autobús en Mallorca (TIB)». Hay que tener en cuenta que el efecto de la gratuidad del transporte público, ha provocado un incremento de la demanda desde el año 2021, llegando a duplicar los valores del tren/metro entre 2021 y 2023, y cuadruplicando los valores del bus.

Además, se conoce que esta tendencia creciente se mantiene en el presente 2024, ya que en el primer trimestre los viajes totales de la red ya superan en un 23% los valores correspondientes de 2023.

El estudio reconoce que este incremento de demanda pone de manifiesto el buen recibimiento de la sociedad hacia la gratuidad del transporte público, provocando un gran incremento en su utilización. Pero por otro lado, el brusco aumento de demanda no previsto en el contrato de las concesiones, dificulta la cobertura por parte de la oferta pública existente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM).

A pesar de la dificultad de hacer frente a valores de demanda que han superado con creces todas las previsiones, el incremento de la oferta no se produce de manera paralela al incremento de la demanda real. Sobre todo, en temporada alta y en zonas turísticas, cuando muchos servicios dejan pasajeros en tierra por falta de capacidad.

Por ello el estudio reconoce que la gratuidad del transporte público es un aspecto «complejo y polémico», y que incluso algunos expertos aseguran que la gratuidad «frena la progresión y la mejora de las condiciones del servicio».

Es decir, la no gratuidad del transporte público ayuda a obtener recursos para que se pueden destinar a mejorar el servicio. Por ello, independientemente de que sea gratuito o no, el informe de Cinesi destaca la necesidad de «mejorar la oferta de transporte público, estudiando un aumento de las frecuencias y amplitud horaria de servicio, así como la ampliación de la red existente».

Y por último, remarca que para conseguir reducir el número de vehículos que circulan por las carreteras de la isla, como es el objetivo de este estudio de carga, «se debe apostar por el transporte público, y la gratuidad ya ha demostrado que provoca el efecto deseado».

No parece que esa vaya a ser la intención del Gobierno de Sánchez ya que como le recordaba la semana pasada el Ejecutivo autonómico al PSOE balear, Baleares no puede tomar ninguna decisión respecto a la gratuidad del transporte público en las Islas ya que es una cuestión que depende directamente del Gobierno de España del socialista Pedro Sánchez.

Por ello el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, lamentaba que los socialistas no aplicaran dicha gratuidad en las dos últimas legislaturas en las que presidieron el Govern con Francina Armengol al frente del Ejecutivo autonómico.

«Si tenían tan claro que esta medida era tan necesaria e imprescindible, ¿por qué no la aplicó el Govern estos ocho años y dejaron pasar prácticamente dos legislaturas?», preguntó sin obtener respuesta el conseller Mateo.