Un abogado balear pide la imputación de Armengol por la nuevas revelaciones de la UCO sobre el ‘caso Koldo’

El prestigioso abogado mallorquín Eduardo Luna, que ejerce como acusación popular en el caso Koldo, ha pedido la imputación de la ex presidenta del Govern Francina Armengol y de la que fue su consellera de Salud, Patricia Gómez, tras las nuevas informaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revelan que el Govern de Armengol adjudicó a dedo y utilizando la vía de urgencia dos contratos firmados en 2021 con una empresa de la trama corrupta para realizar pruebas PCR.

La asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas ha presentado en el juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional un escrito para pedir la citación como investigadas tanto de Francina Armengol como de Patricia Gómez, ya que «se desprende, de manera indiciaria, que pudieron tener participación en favorecer contrataciones públicas con la empresa Eurofins Megalab y, en definitiva, a la trama, interesando como investigadas y no como testigos».

Además, dicha asociación también pide la imputación del que fuera subdirector de Compras y Logística en el Servicio de Salud balear durante la pandemia, Antonio Mascaró Crespí, del ex director general del IB-Salut Juli Fuster y del también ex director general del Servicio de Salud de Baleares durante el Govern de Armengol Manuel Palomino.

«Los hechos por los que se solicita investigación se enmarcan en las irregularidades observadas en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la realización de pruebas PCR durante la pandemia de COVID-19, en la Comunidad Autónoma de Baleares. El informe de la UCO revela una serie de comunicaciones y gestiones realizadas entre funcionarios públicos, políticos y supuestos empresarios que indican la existencia de conductas ilícitas».

«Parece indicar que Megalab pudo acceder a contratos de negociado sin publicidad en detrimento de los principios de transparencia y libre concurrencia que deben regir la contratación pública, lo que puede haber constituido posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública, por no mencionar los que ya se están investigando sobre la empresa Soluciones de Gestión que se celebraron con un absoluto desprecio del procedimiento administrativo, dañando gravemente las arcas de Baleares y de los ciudadanos en unos momentos trágicos como fue la pandemia», manifiesta la asociación Veritas.

Pide que Iago Negueruela declare como testigo

La asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas, liderada por Eduardo Luna, también ha pedido la citación como testigo del ex conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern de Armengol, Iago Negueruela, ya que «actuaba como coordinador y responsable de todas las iniciativas que se acordaban en el seno de la crisis sanitaria, siendo según algunos medios el hombre fuerte del Ejecutivo de Francina Armengol».

Cabe recordar que el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que en agosto de 2020, Koldo García, asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, movió sus contactos en altas esferas para colocar material sanitario del caso Koldo. Entre sus gestiones, contactó con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. «Cariño, te mantengo informada», le contestó a Armengol después de plantearle que le pusiese en contacto con la consejera de Salud para proponer una venta.

Torres y Armengol, en ese momento presidentes de Canarias y Baleares, fueron dos de los que firmaron compras de mascarillas con sobreprecio a la firma Soluciones de Gestión. La empresa que usó la trama para facturar decenas de millones de euros en material sanitario.

El informe también demuestra la gran cercanía entre Koldo y Armengol, que se dirigen uno al otro en un tono de amistad. Después de ese contacto, que la actual presidenta del Congreso facilitó a Koldo, las negociaciones se llevaron directamente a un segundo nivel entre directivos de la empresa y la Consejería de Sanidad balear.