Montero pide explicaciones al PP tras conocerse cómo se lucró Cerdán, por quien puso la mano en el fuego

La vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha exigido este martes a Juanma Moreno «explicaciones urgentes» por las detenciones en la Diputación de Almería, precisamente el mismo día en que se ha hecho público que Santos Cerdán, número tres del PSOE, se habría beneficiado de pagos irregulares por parte de una empresa vinculada al caso Koldo, y cuando el PP ha salido a dar la cara con respaldo total a la Justicia. Montero, que ha defendido públicamente a Cerdán y ha llegado a decir que «ponía la mano en el fuego por él», mantiene su silencio pese al informe demoledor de la Guardia Civil y, no contenta con ello, exige explicaciones a Moreno por algo que Génova ha salido a explicar hace horas.

La operación de la UCO ha conllevado el arresto del presidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García, su vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos del PP. La dirección nacional del Partido Popular ha reaccionado de inmediato con un mensaje claro: «Respeto absoluto» a las actuaciones judiciales, cero ataques a la Guardia Civil y una línea opuesta al victimismo que suele mostrar el PSOE. «Nadie va a decir que la UCO son fachas con toga», ha declarado la vicesecretaria Ester Muñoz, subrayando que el PP no actúa contra fiscales o jueces, «como sí ha hecho el Gobierno en otras investigaciones».

La postura de Montero contrasta con el silencio que mantiene ante el informe de la UCO que implica directamente a Santos Cerdán, por quien ha mostrado «una relación de complicidad y amistad», según declaró en noviembre de 2024 durante la comisión del caso Koldo en el Senado. «Por él también pongo la mano en el fuego», aseguró entonces.

Caso Cerdán

El informe policial detalla cómo la empresa Servinabar, propiedad del constructor Antxón Alonso, pagó sueldos sin justificación a la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz Cano, costeó el alquiler y mobiliario de su vivienda familiar en Madrid y sufragó viajes y comidas de lujo con fondos de empresa. La UCO ha identificado un esquema de pagos personales por más de 77.000 euros, incluyendo estancias en hoteles de Ibiza y Tenerife, comidas en restaurantes y múltiples cargos con tarjeta. En una anotación hallada durante los registros se leía: «Francisca Muñoz. ¿Qué hacía? ¿Trabajo?», reflejando dudas internas sobre la legalidad del contrato.

Pese a esta gravedad, el PSOE andaluz ha intensificado su ofensiva política. La portavoz María Márquez ha dicho que «el PP de Moreno Bonilla tiene más agenda en los juzgados que en los despachos», y Mario Jiménez ha calificado el caso de Almería como la «A-92 de la corrupción». Todo ello mientras el PP reitera su disposición a colaborar con la Justicia y evita desviar la atención con ataques institucionales, y cuando ni Márquez, ni Jiménez, ni absolutamente nadie ha dado la cara por los constantes casos de corrupción socialista que acapara y ralentiza los juzgados de Sevilla.