El Supremo, garantía de la separación de poderes

La nueva cita con las urnas no alterará los plazos que se ha marcado el Supremo, porque el tribunal que preside Manuel Marchena continúa trabajando en la redacción del fallo del juicio del ‘procés’ al margen del ruido político. La separación de poderes es una de las garantías del Estado de Derecho, razón de más para que el calendario electoral no interfiera en los tiempos que se han marcado los magistrados del alto tribunal. Dicho de otro modo: la repetición de las generales, previstas para el 10-N, no retrasará la notificación de la sentencia.

Del buen sentido de Estado del juez Marchena y sus compañeros de magistratura no cabía esperar otra cosa que el respeto escrupuloso a los plazos que se fijaron en un principio y a su voluntad sin fisuras de no permitir que el escenario político contaminara su actuación. Es una garantía de independencia que reconforta en momentos en los que el  interés general y el respeto a la democracia han sido supeditados por Pedro Sánchez a su propio interés personal.

En un momento de descrédito de las instituciones, la voluntad del Tribunal Supremo de no dejarse influir lo más mínimo por los vaivenes de la política aporta al Estado de Derecho ese marchamo de seriedad y rigor que no ha querido darle el Gobierno socialista, empeñado en pervertir la esencia de lo que representa la democracia en un sistema parlamentario.

Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba haciendo cálculos electorales sobre la idea de que el Tribunal Supremo iba a cuadrar su agenda dependiendo de la agenda del presidente en funciones se ha equivocado de plano, porque el juez Manuel Marchena hará valer su independencia en beneficio del Estado de Derecho y la Constitución. Es decir, en  beneficio de todos los españoles que creen en la democracia y en la estricta separación de poderes.