Un Gobierno contra la libre competencia

La semana pasada llegaba al Congreso el Real Decreto Ley (RDL) que pretende entregar la decisión final sobre las licencia de VTC a comunidades autónomas y ayuntamientos. Es un claro ejemplo no ya de cesión frente a las amenazas de unos pocos, sino la prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez está en contra de la libre competencia. La izquierda, especialmente si es extrema, odia la competencia. Odia que la gente prospere por su sacrificio, esfuerzo, riesgo e ilusión, porque no soporta la prosperidad. Y no soporta la prosperidad porque es lo que permite siempre que reine una gran libertad.

La extrema izquierda sabe que sólo puede ser preponderante en un Estado en el que la situación se vuelva excepcional, se enconen las posiciones y la miseria avance de tal manera que ellos, con sus promesas de reparto de pan, puedan captar adeptos para su causa. Por eso, porque odian la prosperidad, odian la libertad. Y como odian la libertad, odian también la libre competencia al salirse ésta del control de sus garras, llenas de intervencionismo, gasto público e intromisión en las decisiones de los agentes económicos productivos. Por eso, siempre que pueden, le dicen a todas las personas qué tienen que hacer, en qué tienen que gastar su dinero o, más allá, ellos deciden qué hacer con el dinero de los ciudadanos, expropiado a base, en muchos casos, de impuestos confiscatorios como los que ahora quieren implantar con las subidas planteadas por Sánchez y la ministra Montero.

Y dentro de ese ataque a la libertad, en general, y a la libre competencia, en particular, arremeten ahora contra unos emprendedores que decidieron introducirse en una profesión, la de los vehículos con conductor, que encontraba una oportunidad dentro de las opciones del transporte. Son personas que están arriesgado su dinero y que, en muchos casos, están aprendiendo una nueva profesión porque la crisis terrible que a finales de 2007 desató, una vez más, la mala gestión de la izquierda, los desalojó de sus anteriores profesiones y tenían que sacar a sus familias adelante. Son personas que trabajan muchas horas al día, al igual que los taxistas. Conducen un coche, al igual que los taxistas, pero son atacados por el Gobierno con este RDL, a diferencia de los taxistas, a los que protege el Gobierno. Ahora, en este RDL, que será tramitado como proyecto de ley, quieren otorgar a regiones y municipios la regulación de las licencias de VTC. De manera que si estas instituciones quieren, podrán anular, si nada lo impide, muchas licencias, dejando en la calle y llenas de deudas a muchas familias.

Los taxistas son un gremio de personas, en su mayoría, trabajadoras, que se sacrifican y que pasan muchas horas al volante. Ahora bien, un grupo de ellos, no representativo, no puede amedrentar a la sociedad española porque no quieran que entre alguien que pueda ofrecer un mejor precio, un mejor coche o un vehículo más limpio. Lo que pueden hacer —como ya hacen muchos taxistas— es mejorar y competir. Si lo hacen bien, los usuarios los llamarán para que sean su transporte. El problema es querer mantener una situación de monopolio, favorecida por el poder, en lugar de preocuparse por dar un mejor servicio. Mal está que algunos atemoricen, pero peor está que el Ejecutivo apoye un cerrojazo a la libre competencia y a la libre elección del usuario, clave de la prosperidad. Nos encontramos, una vez más, con un Gobierno de izquierdas que va contra la libre competencia de manera inadmisible.