Dimite Mazón, coincidiendo con el fiscal general sin dimitir, en el banquillo

Esta semana comienza con el anuncio de la dimisión de Mazón, un año después de la tragedia. Y haciéndolo coincidir con un hecho insólito en un Estado democrático y de Derecho, como se supone que es el propio de una democracia parlamentaria: el Fiscal General del Estado sentado ante los magistrados del Tribunal Supremo que le van a juzgar del presunto delito de violación de la ley de protección de datos de la intimidad personal. Y sin dimitir por ello. Lo que agrava de manera singular el delito, es que habría sido cometido con la intención de perjudicar a una declarada adversaria política del gobierno que le nombró.

Es sobradamente conocido que se trata de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien Sánchez tiene como objetivo político a destruir. La conducta de Alvaro García Ortiz es la propia de un Fiscal General que está a la orden del gobierno tal y como Sánchez dijera un día en una entrevista radiofónica en su cadena oficial: «¿De quien depende la fiscalía? Pues eso».

Es un vivo retrato del concepto que Sanchez tiene de la democracia española, y de la división de poderes sobre la que se asienta. Preciso es no olvidar que la Fiscalía es una institución judicial regida por el principio de jerarquía cuya máxima autoridad es precisamente el Fiscal General, y que tiene como misión principal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Por ello, es una ofensa sin precedentes el provocado a esa prestigiosa institución, el que tenga a su máximo representante como acusado ante un tribunal.

Que no haya sido cesado para impedir esta degradante situación -sin perjuicio de ser rehabilitado a posteriori si fuera declarado inocente-, hace pensar que no ha dimitido porque Sánchez se lo impide. Durante varios días con sesiones de mañana y tarde, la opinión pública nacional (e internacional) va a ser testigo de un espectáculo judicial nunca visto en una democracia digna de tal consideración. Tras las constantes respuestas de su jefe político en el Senado, afirmando que «no le constan» diversos hechos protagonizados por sus colegas de la gira política por España en el famoso Peugeot, ahora es «su» Fiscal General el que debe responder como acusado ante el Tribunal Supremo. Previsiblemente le seguirán su esposa y su hermano y las personas de mayor confianza política suya, Ábalos y Cerdán.

Además de Aldama y Koldo, el «militante socialista ejemplar» a quien encargó la custodia de los avales captados durante aquella gira para las elecciones primarias de «su» PSOE. Y ello pese a tener con él una relación meramente «anecdótica» como afirmó en su «circo» del Senado.

Junto a este degradante acontecimiento, en esta semana se ha producido otro hecho muy distinto, pero con el común denominador de ser también una clara y grave ofensa hacia España. El protagonista ha sido el ministro Albares que ha dado satisfacción a la progresista presidenta de México, Claudia Scheinbaum que «seguía esperando la petición de perdón por parte de España por la violencia causada durante su invasión colonial».

En continuidad con la petición por carta formulada por su antecesor el también muy progresista AMLO -Andrés Manuel Lopez Obrador- a su Majestad Felipe VI, que no contestó a su misiva. En presencia del embajador de México en España en la inauguración de una exposición de arte de mujeres indígenas mexicanas, Albares dio el primer paso, afirmando que ha habido «dolor e injusticia hacia los pueblos originarios», y que no puede «negarse ni olvidarse».

Como un primer paso hacia la distensión de relaciones hispano-mexicanas que «precisa de un reconocimiento de lo que supuso la conquista española», lo calificó Scheinbaum. En realidad, es un primer paso hacia la infamia e indignidad de asumir la «leyenda negra» por parte del gobierno de España.

Leyenda, que historiadores como el mexicano Juan Miguel Zunzunegui han demostrado su falsedad, diciendo «que España pida perdón por la conquista, sería como pedir disculpas porque México exista». Podría también leer al argentino Marcelo Gullo en su magistral obra «nada por lo que pedir perdón» y por supuesto a la española Elvira Roca Barea y su extraordinaria «Imperiofobia y leyenda negra». Cuando ese negra leyenda está cayendo por el propio peso de su falsedad, el sanchismo la quiere resucitar.