Mónica García culpa a las comunidades por las demandas médicas y esquiva su responsabilidad directa

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a los consejeros autonómicos pidiéndoles – a la desesperada- que se pronuncien sobre las reivindicaciones de los sindicatos médicos que van más allá del estatuto marco y afectan a competencias autonómicas, como la demanda de un estatuto propio o la voluntariedad y retribución de las guardias.

Lo ha vuelto a hacer a solo dos días de una nueva huelga médica convocada por Apemyf —que agrupa a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales— y que afecta a Madrid, Cataluña, Euskadi, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y a los médicos de Atención Primaria de todo el país. Sin embargo, al situar la presión sobre las comunidades, García evita asumir que es ella la responsable de la reforma laboral que regula estos derechos y condiciones, por lo que la responsabilidad última de la situación recae en su ministerio y no en los gobiernos autonómicos.

¿Qué dice la carta?

En ella, la ministra celebra el preacuerdo que alcanzó la semana pasada con los sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIG y CIG-Saúde) sobre el texto final, aunque estas organizaciones han condicionado su aval definitivo a un pacto retributivo que Sanidad debe ahora negociar con los ministerios de Hacienda y Función Pública. Pero tampoco dice que el verdadero peso en esta reforma está en los sindicatos médicos. 

Sin embargo, los sindicatos médicos han trasladado «una serie de peticiones cuya naturaleza y alcance exceden» el contenido del estatuto marco porque afectan de manera directa «al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos», recalca.

En concreto, a la exigencia de la aprobación de un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común es una petición que García rechaza de plano; la constitución de una mesa sectorial de negociación específica en cada servicio de salud; la voluntariedad de las guardias, así como al establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la ordinaria.

«Dada la trascendencia de estas peticiones y su impacto directo en la planificación, gestión y financiación de los recursos humanos del SNS, consideramos que su eventual abordaje requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas, en tanto que administraciones competentes en estas materias», resalta.

Por ello, pide a los consejeros que se posicionen sobre estas demandas «de cara a la posible formulación de una recomendación» en el Consejo Interterritorial.

La petición de la ministra llega además después de que la semana pasada los sindicatos médicos CESM, SMA, Metges de Catalunya, Amyts y O’MEGA erigieran un frente común para redoblar la presión sobre el Gobierno y las comunidades, sin descartar una huelga indefinida, para lograr un estatuto propio.