La justicia cita al ex consejero socialista Vallejo por una ayuda de 1,2 millones de la Junta a TPM

El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla ha acordado citar a declarar como investigadas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía en tiempos del PSOE por la presunta concesión irregular de ayudas públicas a la mercantil Grupo TPM. La investigación, que forma parte de una pieza separada del caso Avales, se centra en un aval de 1,19 millones de euros concedido por la Agencia IDEA y en un entramado de incentivos que, según el instructor, carecerían de justificación legal y técnica.

Entre los investigados figuran el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo , uno de los hombres fuertes de Manuel Chaves, y los ex viceconsejeros Agustín Barberá (Empleo) y Jesús Rodríguez Román (Innovación). Vallejo ya fue condenado a siete años de prisión por el caso ERE. Cumplió un año y medio entre rejas y quedó en libertad por orden del Tribunal Constitucional. El magistrado ha fijado las comparecencias entre el 17 y el 25 de febrero de 2026, tras atender una petición de la Fiscalía Anticorrupción formulada en diciembre de 2020.

El auto, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, prorroga además la instrucción otros seis meses, hasta el 21 de junio. El juez ordena al actual director de la Agencia IDEA que remita «a la mayor brevedad posible» toda la documentación relacionada con las ayudas concedidas a Grupo TPM (Inversiones Plásticas TPM S. L.): informes, borradores, comunicaciones internas, correos electrónicos, actas, propuestas…

En concreto, reclama información sobre dos incentivos directos por 1.040.366 y 106.639 euros, y dos incentivos reembolsables por 10.159.820 y 903.717 euros, además de un informe que acredite si los incentivos directos llegaron a abonarse efectivamente.

La pieza separada investiga, asimismo, la posible concurrencia irregular de estas ayudas con otras sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo y abonadas por IDEA, una práctica que el juez extiende a hasta 19 empresas además de Grupo TPM. La ayuda en forma de aval le fue concedida a TPM en septiembre de 2008 a pesar de que en el año 2005 dicha empresa había sido previamente declarada en concurso voluntario de acreedores.

El instructor subraya que el aval principal, de 1,19 millones de euros, se concedió a TPM en septiembre de 2008 pese a que la empresa había sido declarada en concurso voluntario de acreedores en enero de 2005. A su juicio, la concesión se habría producido sin cumplir los requisitos exigidos por la normativa –situación de crisis coyuntural y viabilidad futura– y respondería a un «arbitrario voluntarismo» carente de justificación técnica y financiera.

El auto califica la actuación investigada como una posible utilización ilícita de la figura de los avales –tanto los excepcionales como los regulados– para canalizar fondos públicos de forma «absolutamente injustificada y arbitraria». En este contexto, el juez aprecia indicios de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, sin perjuicio de la calificación definitiva de los hechos.

Por último, el magistrado ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que amplíe el atestado para identificar a los directivos, responsables y representantes del Grupo TPM que pudieron intervenir en la concesión, seguimiento y ejecución irregular del aval investigado.