Socialistas y sindicalistas (UGT y CCOO) se repartieron 261 millones en ayudas ilegales del ERE de Delphi

El juez instructor del caso ERE en Sevilla ha decidido seguir adelante con la causa contra siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por el reparto presuntamente ilegal de 261 millones de euros en ayudas a ex trabajadores de la empresa Delphi y su industria auxiliar. Se trata de una pieza separada del macrocaso de los ERE, pero con los mismos ingredientes: millones de euros en subvenciones públicas, ayudas sin control legal y responsables políticos implicados.

El auto, dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, considera que existen indicios de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Los investigados, todos ellos vinculados al PSOE andaluz, son cuatro ex viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y un ex director general de la agencia IDEA. Junto a ellos, también figuran otras cinco personas: dos representantes de los sindicatos UGT y CCOO, dos intrusos y un directivo de Uniter, la empresa que actuó como mediadora en la formalización de las pólizas de seguros que sirvieron para pagar las ayudas.

¿Qué se investiga exactamente?

El juez analiza la concesión y el pago de ayudas sociales individuales a ex empleados de Delphi Automotive Systems España y empresas auxiliares. Estas ayudas, articuladas en su mayoría a través de pólizas de prejubilación, se firmaron entre 2009 y 2010. A través de convenios y resoluciones administrativas, la Junta socialista de Andalucía fue comprometiendo fondos públicos que salieron del programa presupuestario 31-L y otras partidas distintas, sin pasar por los controles legales exigidos por la normativa vigente.

El magistrado señala que estas subvenciones se otorgan «extramuros de cualquier forma de legalidad», es decir, sin procedimiento administrativo reglado, sin control y sin un fin público claro. De hecho, el auto destaca que los beneficiarios ya habían cobrado sus indemnizaciones tras dejar la empresa y que muchas de las contrataciones laborales posteriores eran ficticias. Las empresas formadoras que los “contrataban” también estaban subvencionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que agrava aún más el posible uso fraudulento de los fondos.

En total, el dinero supuestamente malversado asciende a 261.754.334 euros. De esa cantidad, 250 millones se destinan a pólizas de prejubilación para los ex trabajadores de Delphi; 7,8 millones, para empleados de la industria auxiliar; y más de 3,4 millones, para cubrir seguros en casos de incapacidad laboral permanente. Todo ello financiado por la agencia IDEA, dependiente de la Junta, sin que conste tramitación legal alguna para conceder estas ayudas.

El juez deja claro que esta pieza separada no forma parte del «procedimiento específico» que ya ha sido juzgado en la causa principal del caso ERE. En esta ocasión, se investiga una mecánica distinta pero igualmente irregular: el uso de otros programas presupuestarios y otras fórmulas para repartir ayudas públicas sin cobertura legal. Por tanto, afirma que estos hechos no han sido enjuiciados previamente y que no se ven afectados por las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la pieza principal.

No todos los investigados seguirán en el procedimiento. El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a seis ex altos cargos, entre ellos cuatro ex consejeros socialistas, al no encontrarse pruebas sólidas de que participaran directamente en la concesión de estas subvenciones. Sin embargo, el juez advierte que su posición jerárquica no es suficiente para imputarlos, aunque existan sospechas de que conocían lo que ocurría bajo su responsabilidad.

El siguiente paso será que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones personadas decidan si solicitan la apertura del juicio oral o el archivo de la causa. También podrían pedir alguna diligencia adicional, aunque el juez considera que no hace falta investigar más para sustentar una acusación.

Este nuevo capítulo del caso ERE vuelve a poner el foco sobre el uso opaco y descontrolado de fondos públicos en Andalucía durante los gobiernos socialistas, en una operación donde, según el auto, se repartió dinero público sin cumplir la ley y sin perseguir ningún interés general.