La CUP, al desnudo

La concejal de la CUP en Moià (Barcelona), Lakshmi Roset, fue el martes al Parlament a «defender la democracia», según confesó ella misma.

Iba acompañada de la diputada Pilar Castillejo, la misma que embarcó en la flotilla rumbo a Gaza. Aunque siguió cobrando sueldo e incluso dietas pese a sus 35 días de ausencia.

El día que volvió a la cámara autonómica —del pasado 8 de octubre, durante la segunda sesión del debate de política general— fue recibida como una heroína.

Fue la última en entrar. Cuando todo el mundo estaba ya en sus escaños. Se interrumpió la sesión y los diputados del PSC, ERC, Junts —con alguna excepción—, los Comunes y la CUP irrumpieron en aplausos. Hasta Rull le dio la bienvenida.

La concejal en cuestión vino a explicar la «vaina» —son palabras textuales— de que un matadero quiere ampliar sus instalaciones en el municipio «con la connivencia del Ayuntamiento». Tiene su miga porque gobierna ERC con mayoría absoluta.

Luego se quejó de que actualmente ya mata «3.000 animales al día» y que ello es un problema no solo para la localidad, sino «para todo el mundo». «La industria cárnica es de las más contaminantes del planeta», destacó. Además, lamentó que los productos elaborados «no alimentan al pueblo», sino que son enviados «fuera de los Països Catalan».

En las redes aparecieron todo tipo de comentarios. Ninguno a favor. Uno lamentaba que lo que quieren los antisistema es «vaciar el territorio de gente, de industria, de tejido empresarial y de riqueza económica». Mientras que otro, más caústico, auguraba que «acabaremos comiéndonos unos a otros» ante su oposición a la matanza del cerdo.

Al término de la rueda de prensa no hubo ninguna pregunta. Pero la comparecencia refleja, sin duda, las prioridades de la CUP y su desconexión de la realidad.

Hace años, el que había sido alcalde de Terrassa y luego líder del PSC entre el 2011 y el 2014, Pere Navarro, ya me explicó que todos los que tenía acampados delante del ayuntamiento durante la protesta de los indignados eran hijos de familias bien de la ciudad.

Los de la CUP están hechos de la misma pasta. Benet Salellas, el actual abogado de Santos Cerdán, hizo constar en su declaración de bienes cuando era diputado autonómico en el 2016 nada menos que once propiedades inmobiliarias, entre fincas rústicas y urbanas.

Ante la polémica suscitada, alegó que eran parte de una herencia porque sus padres habían «trabajado toda la vida». Como si el resto de progenitores no hicieran lo mismo. Aunque hay que decir que el suyo (1948-2008) era también letrado. Y de los buenos. Yo le había visto en algún juicio en la Audiencia Nacional.

Modestia aparte, personalmente los calé desde el principio. Desde el 10 de enero del 2016. Cuando salieron el citado Benet Salellas y Anna Gabriel para anunciar en rueda de prensa en plena calle que habían enviado a Mas «a la papelera de la historia».

Fue tras las elecciones del 2015 —las que ganó Junts pel Sí sin mayoría absoluta— cuando rechazaron investir al que todavía era líder de CDC. Mas acabó tirando la toalla y poniendo a Puigdemont en su lugar. Ahí empezó todo el lío.

La frase me sonaba. Es la que pronunció Trotski dirigida a los mencheviques antes de asaltar, en teoría, el Palacio de Invierno. Digo «en teoría» porque estaba menos protegido de lo que creían inicialmente.

Sale en la obra de John Reed (1887-1920), el periodista norteamericano que simpatizó con la revolución rusa, «Diez días que estremecieron al mundo». Ya ven: ¡Los de la CUP jugando a revoluciones!

El proceso, en el fondo, siempre fue la última revolución burguesa de la historia. Un movimiento de clases medias, incluso de pijos. Recuerdo que, antes del verano del 2024, los de Junts celebraron un consejo nacional en la Cerdaña y pensé: no me extraña, así están cerca de su segunda residencia.

Pero ya ven cómo ha acabado Salellas: de querer proclamar la República catalana a hacer de abogado defensor del ex número tres del PSOE. Su compañera en la comparecencia de aquel día acabó en Suiza, meca del capitalismo financiero, no en Venezuela o un remoto país del Tercer Mundo como se estilaba durante la Guerra Fría.

Hasta fichó por un sindicato suizo, Unia, como secretaria regional en Ginebra, con un sueldo estimado de 100.000 euros anuales. Eso sí, en julio de 2022 volvió con el rabo entre las piernas y se presentó ante el juez Llarena. Las imposturas de la CUP.