Sánchez se olvida de la corrupción política: ni más medidas ni más castigos para casos como los ERE

Pedro Sánchez motivó su moción de censura contra Mariano Rajoy en la sentencia del caso ‘Gürtel’ y basó sus razones para desalojar al presidente ‘popular’ en la urgencia de una regeneración de la vida política para evitar los escándalos de corrupción. 

Sin embargo, diez meses después, el líder socialista, como candidato al 28-A, se ‘olvida’ de esa pretensión en sus prioridades para volver a La Moncloa. Su programa de acción pasa de puntillas por las medidas concretas que evitarían macrocasos como el que también afecta directamente a su partido, los ERE de Andalucía.

Bajo el epígrafe ‘La necesaria regeneración de nuestra democracia’, el partido comparte que «la regeneración democrática en España es un desafío constante, tras sufrir nuestra democracia un proceso de deterioro progresivo con pérdida de vitalidad de sus principios en el ejercicio del buen gobierno, por los casos de corrupción, ineficacia en la gestión, prácticas clientelares y reparto de cuotas partidarias en organismos, así como por la existencia de zonas de opacidad y abusos de poder en el funcionamiento de las instituciones».

A continuación se remite a «la aprobación en mayo de la moción de censura a Rajoy por los casos de corrupción» que, prosigue, «dio inicio a un tiempo de oportunidades para promover una democracia avanzada que prestigie las instituciones, sirva al objetivo de recuperar el Estado de Bienestar combatiendo las desigualdades y afronte la crisis territorial conjugando legalidad, cohesión, convivencia y autogobierno en el marco de la Constitución».

Para el PSOE, aseguran, «como partido de la izquierda, regenerar la política y las instituciones es un objetivo que exige ir más allá de combatir la corrupción. Supone poner en marcha procesos democráticos innovadores de cara a posibilitar Gobiernos y Parlamentos abiertos».

Y de nuevo, en términos vagos, hablan del compromiso de Sánchez para «afrontar las tareas pendientes de regeneración democrática, fortaleciendo la democracia participativa, aprobando medidas para combatir y prevenir la corrupción y recuperando la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en las instituciones».

Pacto de Estado, sí, pero sin medidas

Sin embargo, a la hora de pasar a medidas concretas para combatir la corrupción política, las referencias son imprecisas. Se promoverá, aseguran, un Pacto de Estado «que incluya una ley integral sobre la lucha contra la corrupción», pero no se explora más allá. Lo único que se destaca es que esa ley deberá incluir «la protección del denunciante» y ser «fruto del máximo consenso posible».

La formación sí se centra más en el detalle de la transparencia y la rendición de cuentas de los cargos públicos, que deberán informar, entre otros, de «sus ingresos y declaraciones de renta, bienes, patrimonio e intereses, la agenda pública, viajes realizados con dinero público y su cometido, gestión realizada, iniciativas impulsadas y propuestas presentadas o participadas». El partido insiste también en la regulación de los conflictos de intereses «ante el fenómeno de las puertas giratorias».

Protección a denunciantes y fin de plazos

Las únicas medidas concretas que se proponen, relacionadas con la corrupción, bien podrían ser consideradas de ‘perfil bajo’: una Ley Integral de Protección de Testigos, Informadores y Denunciantes, la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para suprimir los plazos máximos de las instrucciones -lo que permitirá que las causas se alarguen sin fin- o la supresión de aforamientos. Pero, eso sí, «salvo en el ejercicio de la actividad política propia del cargo».

Las medidas siguientes abundan en la transparencia y participación de los ciudadanos en la vida pública, con soluciones como el Estatuto Básico del Empleado Público, «impulsando un pacto sobre reforma del sistema de acceso a la función pública», que tampoco se concreta. O una estrategia de Gobierno Abierto, que será transversal para todos los ministerios, «con medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos», entre otros.

También se aprobará un «Código Ético de conducta a seguir por el Gobierno y un Estatuto de altos cargos», pero el programa no avanza qué se pretende incluir.

La propuesta contrasta con la de otras formaciones, como Ciudadanos, que sí ofrece varias medidas concretas de lucha contra la corrupción política. Así, en su programa, revelado este martes, se apuesta por una ‘tolerancia cero’ contra esta lacra y se especifica que «los corruptos se irán a su casa»: «Estableceremos que quienes sean imputados formalmente por delitos relacionados con la corrupción no puedan ocupar ningún cargo público hasta que no se resuelva su situación judicial».

Además, proponen incluir en el Código Penal el delito de enriquecimiento injustificado de los cargos públicos. Los políticos que no puedan justificar incrementos significativos de su patrimonio durante su mandato tendrán que aclarar su origen ante los tribunales. También se prohibirán los indultos a políticos condenados por corrupción o se limitarán los puestos de libre designación para evitar ‘enchufes’.