La empresa familiar de un cargo del PSOE que limpia La Mareta también se lucra con la acogida de menas

El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo paga a la empresa de la familia de Sebastián Franquis, actual portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias y líder del partido en Gran Canaria, por limpiar el Palacio de La Mareta, donde el jefe del Ejecutivo pasa sus vacaciones. La firma Capross 2004 SL, donde llegó a trabajar este dirigente socialista, también se lucra con el negocio de la acogida de menas.

Según consta en un expediente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno contrató hace unos meses a nueve empresas por la vía de emergencia para la «realización de las obras para atender las necesidades de los menores no acompañados solicitantes de protección internacional que se encuentran en Canarias».

Entre esas empresas figuró Capross 2004 SL, administrada por la familia de Sebastián Franquis, según la documentación oficial que se ha conocido recientemente, pues ésta no fue publicada por el Gobierno en la Plataforma de Contratación hasta el pasado 20 de enero de 2026.

Aquí consta que Capross 2004 SL fue contratada por el Ejecutivo, a través de Tragsa, empresa dependiente de la SEPI (Ministerio de Hacienda), por un importe de 69.129,25 euros para efectuar «trabajos de estructura y albañilería».

El expediente cita al respecto la «ejecución de las obras a realizar en el centro Canarias 50 sector 1 en Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) en atención a las personas llegadas a las costas españolas en situación de emergencia».

Esta estructura, habilitada en las antiguas instalaciones militares del mismo nombre, está gestionada por Cruz Roja y al cierre de 2025 había aquí alojados en torno a 85 menores inmigrantes no acompañados.

Desde este campamento de acogida fueron trasladados hasta Gijón (Asturias) el pasado agosto los 10 primeros menas que el Gobierno tuvo trasladar desde Canarias a la Península por orden del Tribunal Supremo.

El citado expediente de obras en el centro Canarias 50 -ubicado en Las Palmas de Gran Canaria- fue licitado por casi un millón de euros (990.000 €), recayendo finalmente los diez contratos previstos en nueve empresas por un importe total de 697.438,56 euros.

Segunda prórroga

OKDIARIO publicó el pasado noviembre que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado casi 124.000 euros a prorrogar hasta 2027 el contrato de limpieza del Palacio de La Mareta (Lanzarote) adjudicado en 2024 a Capross 2004 SL. Esta fue la segunda prórroga decretada por el Ejecutivo.

De esta manera, la empresa de la familia de Franquis ha recibido en los últimos años más de 370.000 euros del Gobierno central por limpiar el palacio donde veranea Sánchez con Begoña Gómez y otros parientes.

Esta empresa está vinculada al hermano de este ex consejero de Torres, Luis Franquis Vera, y ahora la administran sus sobrinos, según las fuentes consultadas por OKDIARIO. En su caso, José Bjorh Franquis Reyes es el presidente y María Nayra Franquis Reyes ostenta la vicepresidencia.

«Director de Producción»

En su ficha como diputado del Parlamento canario, Sebastián Franquis dice que trabajó para Capross 2004 SL como «director de Producción» entre 2004 y 2009. Igualmente, el hoy secretario general del PSOE de Gran Canaria fue diputado por Las Palmas en el Congreso entre 2011 y 2019, llegando a ser presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en 2016.

Entre 2019 y 2023, Chano Franquis fue diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias -donde sigue como portavoz del Grupo Socialista- y ostentó el cargo de consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias bajo presidencia de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática señalado en el caso Koldo.

Cabe remarcar que el ministro Ángel Víctor Torres es todavía secretario general del PSOE de Canarias y que se ha implicado directamente en las negociaciones de reparto de los menores por las comunidades autónomas.

El pasado martes, en rueda de prensa en Moncloa al término del Consejo de Ministros, aseguró que 926 menores inmigrantes no acompañados han sido reubicados en la Península. De ellos, 486 corresponden al real decreto-ley que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería, mientras que 440 son menores solicitantes de asilo cuya atención fue asumida por el Estado tras el requerimiento del Tribunal Supremo al Ejecutivo.