La Fiscalía describe las reyertas en los campamentos de inmigrantes en Canarias: “Pánico y descontrol”

Los meses de abril y mayo del año pasado fueron una auténtica pesadilla en los campamentos que el Gobierno tuvo que levantar en varias ubicaciones de las Islas Canarias para poder absorber un volumen de inmigrantes ilegales llegados a las Islas sólo comparable con la crisis de los cayucos de hace 15 años. Ahora llegan las primeras consecuencias de los terribles motines que se vivieron en algunos de estos centros y uno de ellos llega ya a juicio. Fiscalía pide 6 años de cárcel contra varios inmigrantes ilegales que sembraron el “pánico y el descontrol” en el centro de acogida de Las Raíces, en Tenerife, llenando sus instalaciones de sangre, obligando a que el personal se escondiera y haciendo necesaria la intervención de unidades antidisturbios.

Las llegadas de embarcaciones con inmigrantes ilegales hasta el muelle de Arguineguín se convirtieron en imagen recurrente desde que en septiembre de 2020 se alcanzarán cifras inabarcables de inmigrantes llegados a las costas españolas de manera irregular. Los efectos económicos de la pandemia y el cierre de fronteras propició una avalancha de inmigrantes que desbordó la capacidad de atención de Canarias, donde cientos de personas llegaban a diario sin más destino posible que la isla de acogida u otro punto del archipiélago, ya que de allí no podía continuar viaje ni a la Península Ibérica ni a Europa si no era en un avión fletado por el Gobierno o viajando ilegalmente por mar a bordo de los ferris. Parte de la solución a esta situación fue llenar los hoteles vacíos por la pandemia con inmigrantes ilegales o levantar campamentos en los que se llegaron a contabilizar casi 2.000 personas. Ese fue el caso de Las Raíces, el campamento que vivió una auténtica batalla campal que ahora va a juicio.

En abril del año pasado, los conflictos y las peleas entre los usuarios de los campamentos levantados por el Ministerio de Migraciones eran habituales. El Ministerio del Interior por su parte, reforzaba los recursos policiales de Canarias mandando más policías desde la Península, pero nunca dieron abasto para estar en todos los lugares a la vez. En los centros de acogida, los llamados oficialmente “recursos”, se reunía una nutrida población de hombres adultos y menores no identificados como tales de diferentes nacionalidades, y esa diversidad fue una de las chispas de la reyerta sin precedentes por la que Fiscalía pide 6 años de cárcel.

Un polvorín que acabó estallando

En Las Raíces, según fuentes policiales, ya había habido problemas entre personas de origen marroquí y subsahariano. La mala relación entre ambos es tradicionalmente mala, así que aquello se había convertido hacía tiempo en un polvorín que saltó por las quejas por las condiciones de vida en los campamentos, la limitación de movilidad geográfica y las carencias propias de la situación de estar viviendo en una tienda de campaña desde hacía meses.

La Fiscalía de Canarias lleva a hora a juicio a casi una decena de inmigrantes ilegales a los que acusa de un delito de desórdenes públicos con el agravante del uso de objeto peligros, pero si hay que quedarse con algo no es con el delito, ni siquiera con la petición de condena. El relato de fiscalía, combinado con los vídeos de aquella reyerta, es lo que da magnitud al problema al que tuvieron que enfrentarse en aquellos días las autoridades canarias.

Según la Fiscalía, hasta 40 personas “se tornaron violentos y emplearon barras de hierro que había extraído de las literas, golpeando indiscriminadamente a los usuarios del barracón”. En la acusación se tiene en cuenta la versión de los hechos de los vigilantes de seguridad del centro y de los trabajadores, quienes acabaron escondidos temerosos de convertirse en el blanco de la ira de los violentos que encabezaban la reyerta. Estos profesionales describieron graves heridas, sangre y uno de ellos llegó a sentirse amenazado cuando casi acaba escaleras abajo tras ser empujado por un tumulto de personas.

“Debido a la situación de pánico y descontrol creada, los vigilantes tuvieron que retirarse y solicitar presencia policial”, relata la Fiscalía en su escrito. Cuando los agentes de la Unidad de Intervención Policial llegaron al campamento percibieron una calma tensa, los altercados se habían detenido, pero cuando comenzaron a detener a aquellos que los vigilantes identificaban como origen de la reyerta otra chispa reactivó la monumental bronca en la que volaron piedras, barras de hierro, y todo tipo de objetos.

Ahora es cuando llegan las consecuencias legales de aquellos hechos, sólo algunos de los muchos que se produjeron en otros campamentos y hoteles de acogida. Una cosa es a lo que aspira Fiscalía y otra las consecuencias reales para los acusados. Para empezar los agredidos aquel día no han podido ser localizados de cara a este juicio. Veremos de qué sirve todo esto, además de para recordar una situación que puede repetirse en cualquier momento.