Del Burgo denuncia en el Supremo a Sánchez, Calvo, Iglesias, Illa y Marlaska por permitir el 8-M con 17 muertos

El doctor en Derecho y ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y los ministros Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero, por autorizar y animar a participar masivamente en las manifestaciones del 8M en plena pandemia, cuando España ya tenía 17 muertos por coronavirus.

La denuncia también se dirige contra el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco Pardo (contra el que la juez Carmen Rodríguez-Medel acaba de archivar provisionalmente otra denuncia impulsada por una plataforma de afectados y por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil).

Jaime Ignacio del Burgo ha incorporado a su denuncia un extenso informe de 47 paginas, basado íntegramente en documentos oficiales del Gobierno, que llega a la siguiente conclusión: todos los miembros del Ejecutivo de Sánchez conocían desde el 24 de enero el grave riesgo que comportaba la epidemia de coronavirus y las medidas que debían adoptarse para evitar los contagios, que demoraron hasta después del 8M.

Y pese a ello, no sólo mantuvieron por motivos políticos la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8M, sino que hicieron llamamientos a participar de forma masiva en estos actos, poniendo en riesgo la vida de miles de personas (en Madrid se congregaron más de 100.000 manifestantes).

«Minimizaron el riesgo para celebrar el 8M»

Los propios informes oficiales del Ministerio de Sanidad, que reflejaban el crecimiento exponencial del número de contagios, deberían haber disparado todas las alarmas. Y sin embargo, «desde finales de febrero se reforzó la política de minimización del riesgo para poder celebrar una manifestación que tendría efectos letales», indica Del Burgo en su denuncia, «no hubo ingenuidad ni imprevisión, sino minimización [del riesgo] consciente y por ello culpable, para poder celebrar la manifestación del 8 de marzo».

Ya en su informe del 24 de enero, el CCAES dirigido por Fernando Simón advertía de que la epidemia se había extendido a ocho países (China, Tailandia, Corea del Sur, Taiwan, Vietnam, Singapur y Estados Unidos) y detallaba las medidas necesarias para frenarla. Entre ellas, explicaba que el personal sanitario que tratara a los pacientes afectados debía utilizar equipos de protección individual con bata impermeable, mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular.

Aquel mismo 24 de enero, Fernando Simón anunció que el Gobierno había descartado «por ahora» realizar controles en los aeropuertos a los viajes procedentes de países de riesgo, y proclamó: «Es más probable coger una gripe en Wuhan que el coronavirus».

El mismo día, 24 de enero, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto González, luego purgado por el ministro Marlaska, dictó un informe que describía las vías de contagio («por gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan»), recordaba la recomendación de la OMS de «evitar aglomeraciones» y establecía el uso de mascarillas FPP2 y guantes de nitrilo para los agentes de Policía destinados en los controles del aeropuerto.

El Gobierno también distribuyó este material, al menos desde el 29 de enero, a los empleados de la Agencia Tributaria del barrio madrileño de Usera, que concentra una de las principales colonias de inmigrantes chinos de todo el país.

Laa Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero la «emergencia de salud pública de importancia internacional». Dos días después, se detectó el primer caso de coronavirus en España, en la isla de La Gomera, y fueron puestos en cuarentena 14 españoles repatriados desde Wuhan. Aunque no trascendió hasta varios días después, el 13 de febrero se registró la primera muerte por coronavirus en España, en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

El 29 de febrero España ya tenía 50 infectados. Mientras la OMS advertía de la amenaza «muy alta» del coronavirus, Fernando Simón afirmó en rueda de prensa que «las mascarillas no son necesarias para ir por la calle». Ahora es obligatorio utilizarlas, bajo amenaza de multa de 100 euros.

Pese a las recomendaciones del informe firmado por Simón el 24 de enero, el ministro Salvador Illa prohibió el 2 de marzo a la Comunidades autónomas adquirir mascarillas, alegando que el Ministerio iba a centralizar las compras. Pero no fue hasta casi un mes después, el 25 de marzo, cuando su Ministerio comenzó a realizar compras masivas de estos elementos, señala el informe.

«En el Gobierno todos lo sabían»

El 4 de marzo, Fernando Simón anunció tres «escenarios de contención» para frenar la epidemia: los tres incluían la recomendación de suspender todos los actos de participación masiva. El informe publicado por Fernando Simón el 8M a las 3 de la tarde ya indicaba que habían muerto 17 personas por coronavirus en España, ocho de ellas en Madrid, con un total de 589 casos de contagio. Ya no había ninguna excusa para minimizar la gravedad de la situación.

El ex presidente de la Diputación Foral Navarra Jaime Ignacio del Burgo detalla en su escrito la responsabilidad de cada uno de los altos cargos denunciados: «En el Gobierno todos lo sabían. La principal responsabilidad política corresponde al presidente Pedro Sánchez, que la comparte con la vicepresidenta primero Carmen Calvo», quien el 4 de febrero asumió la presidencia del Comité de Coordinación Interministerial creado para vigilar la evolución de la pandemia.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «tenía la última palabra en materia sanitaria y conocía minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el mundo y en España. A la vista de los datos sobre la extensión de la pandemia, con 17 muertos registrados entre el día 7 y el 8 de marzo, estaba obligado a aplicar las recomendaciones de los organizaciones internacionales de evitar las aglomeraciones».

Respecto a la ministra Irene Montero, señala que «invirtió una ingente cantidad de dinero en la propaganda institucional de la manifestación feminista y arengó a las mujeres a acudir a la misma a sabiendas del riesgo corrían». Al igual que hicieron Pablo Iglesias y Carmen Calvo.

El informe dirigido al Tribunal Supremo indica, en cuanto a Fernando Simón, que «su función no fue la de informar de forma absolutamente veraz e independiente sobre la situación,  sino la de un portavoz político que sirve fielmente a los intereses del Gobierno».