El Canal y el Gobierno de Gallardón ocultaron en sus actas la offshore panameña

El Consejo de Administración del Canal Isabel II y la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid ocultaron la existencia de una sociedad offshore en un paraíso fiscal durante las sesiones de aprobación de la creación de Extensia -Canal más Tecvasa- ni de la compra de la colombiana Inassa por la empresa pública de aguas madrileña. En ninguna de las actas de los máximos órganos del Canal ni de la CAM figura la Sociedad de Aguas de América (SAA) como la verdadera propietaria de las acciones. SAA fue constituida en Panamá en marzo de 2000, única y exclusivamente, para una jugada especulativa que ocultaba un gran pelotazo.

Como ya adelantó OKDIARIO, la operación fue tan descarada que, el mismo día que Extensia, la filial del Canal, firmó el contrato de compraventa (20 de febrero de 2002) la sociedad panameña quedó disuelta en el Registro Mercantil de la ciudad del otro Canal. Se consumaba el plan de convertir una sociedad que costaba 7 millones de euros en otra que multiplicaba su valor por 10.

Una buena parte de los consejeros del Canal y de la Comunidad de Madrid no tuvo la oportunidad de conocer la existencia de la offshore panameña ni la identidad de sus propietarios, ya que el sistema que rige en los paraísos fiscales garantiza un oscurantismo total. En el registro sólo figuran los testaferros, generalmente abogados-agentes locales, contratados para tal fin por los verdaderos propietarios que se benefician de la opacidad necesaria para así poder evadir impuestos al fisco de sus países.

De la lectura del Acuerdo del Consejo de Administración del Canal del 14 de noviembre de 2001 se puede verificar que no se hace ninguna mención a SAA. El director gerente del Canal se limita a realizar un resumen de la documentación aportada y en ningún momento pone de manifiesto que la operación se había llevado a cabo a través de la compra y disolución de SAA.

Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, quince días después, en la reunión celebrada el 29 de noviembre de 2001, acordó:

• • Autorizar al Canal la constitución de la empresa Extensia en la que participaría en un 75% de su capital social, tras la adquisición de 19.200 acciones con un desembolso de 19.000.000 euros.
  • Autorizar a Extensia la adquisición de 6.061.568 acciones de Inassa lo que suponía un desembolso de 73 millones de dólares, equivalente a 83.067.819,75 euros y una participación del 75%.

• Y autorizar a Extensia para que, previo cumplimiento del artículo 30 de la Ley 17/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2001, pudiera concertar las operaciones de crédito a largo plazo por un importe máximo de 51.100.000 dólares USA, equivalentes a 58.147.473,83 euros.

En ninguna de las autorizaciones ni en el texto elevado a acta del Consejo de Gobierno de Madrid aparece el nombre de la sociedad a la que realmente Extensia compraba las acciones. A la offshore SAA constituida por el despacho de abogados del paraíso fiscal de Panamá, De Obaldía & García de Paredes. Esta sociedad, como ya adelantó OKDIARIO, fue constituida por un grupo de empresarios españoles y colombianos.

Pero lo más escandaloso del caso era que algunos de los consejeros del presidente Alberto Ruiz Gallardón, que participaron en la reunión del Consejo de Gobierno de la CAM, votaron a favor del contrato convencidos que se compraba una sociedad colombiana. La recomendación que, previamente, había incluido en un informe los expertos del despacho de Garrigues, que habían sido contratados por el Canal.

Garrigues mantenía que la opción panameña acarrearía consecuencias muy lesivas para los intereses del Canal, ya fueran fiscales, económicas o legales. Y, principalmente, provocaría un rechazo social en la opinión pública. De ahí que los artífices de la operación, encabezada por Arturo Canalda, pretendieran pasar de puntillas sobre el fondo de la cuestión.

Esa situación de anormalidad en la culminación del proceso de compra llevó a Cuatrecasas, en un informe elaborado en 2009 para la Gerencia del Canal, a afirmar que ni el Consejo de Administración del Canal ni el Consejo de Gobierno de la CAM autorizaron la compra y posterior disolución de la panameña SAA. Para Cuatrecasas, al adoptarse una toma de posición mayoritaria en una sociedad mercantil, aún siendo de un paraíso fiscal, requería esa autorización nominal, al igual que para su liquidación.

Los expertos llegan a la conclusión de que el contrato se realizó con un defecto formal, consistente en un vicio del consentimiento, en cuanto faltó la autorización de la CAM: “Podríamos hallarnos ante dos contratos anulables, por lo que habría que considerar la posibilidad de pedir responsabilidades si finalmente esta operación derivara en un perjuicio para el Canal”.

Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid entre 2003 y 2012, e Ignacio González, presidente del Canal, ocultaron en 2009 el informe de Cuatrecasas para no levantar suspicacias en el equipo de Gallardón, según un ex colaborador de Aguirre.

El asunto se agrava igualmente en la operación de solicitud del crédito de 58 millones de euros a 8 años y 9 meses, autorizado por una orden del consejero de Hacienda del 13 de febrero de 2002. Cuatrecasas mantenía que la aprobación del endeudamiento fue para la adquisición de Inassa y no para la adquisición y posterior disolución de SAA.