Aguirre y González ocultaron 3 informes reservados que denunciaban el desvío de 83 millones a Panamá

Esperanza Aguirre e Ignacio González ocultaron en abril de 2009 un extenso informe reservado por medio del cual la firma de abogados Cuatrecasas, sin tapujos, denunciaba las irregularidades y oscurantismos en el proceso de compra de la empresa colombiana Inassa por parte de la sociedad pública madrileña Canal de Isabel II. Las pruebas y los testimonios de algunos de los protagonistas delataban que la aventura americana del Canal se debía a un pelotazo, diseñado por un grupo de empresarios de España y Colombia. La trama societaria finalizaba en el paraíso fiscal de Panamá, en la instrumental SAA.

El dossier se sumaba a otro anterior que había sido redactado cinco años antes por la firma Garrigues, que había asesorado al Canal en el proceso de compra. El despacho de abogados desaconsejó la compra de Inassa a través de una sociedad offshore panameña.

En aquellas fechas, Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid e Ignacio González compartía la vicepresidencia de la CAM con la Presidencia del Canal de Isabel II. Ambos tuvieron pleno conocimiento del pelotazo que, a costa de la sociedad suministradora de aguas de Madrid, sirvió para enriquecer a un grupo de especuladores.

El informe de Cuatrecasas confirmaba otro dossier anterior elaborado por la firma Garrigues, que desaconsejaba una operación a través de una sociedad offshore panameña en la que se pagaban 73 millones de dólares (83 millones de euros de 2001 y 68 millones de euros actuales por algo que costaba sólo 6,8 millones de dólares).

La compra se ejecutó en febrero de 2002 a través de una filial del Canal denominada Extensia, constituida para tal fin, que adquirió el 75% de las acciones, y Tecvasa, que se reservó el 25%. Tres años después, el Canal compró ese paquete de acciones a esa sociedad y se hizo con el 100% del capital. En 2002, el Gobierno de Madrid estaba presidida por Alberto Ruiz Gallardón y los cerebros de la operación fueron el concejal Pero Calvo y el gerente del Canal, Arturo Canalda, el actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, como ha informado OKDIARIO.

Canalda con anterioridad había sido asesor de Aguirre en el Ministerio de Educación y de Mariano Rajoy en la Vicepresidencia del Gobierno y en el Ministerio del Interior.

El proceso de adquisición de Inassa comenzó en mayo de 2001 después de que la también española Agbar se desprendiera de su participación del 51% de la sociedad colombiana, valorado en 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros de la época). Según el informe de Cuatrecasas, la desinversión de la empresa catalana estaba motivada por el comportamiento de algunos de sus directivos desplazados a Colombia, entre ellos el gerente Francisco Olmos, «que podrían calificarse de desleales en opinión de un directivo de Agbar», según el informe.

La operación de compra culminó en diciembre de 2001 cuando el Canal conjuntamente con Tecvasa, constituyó la compañía Extensia, la cual dos meses después adquirió por 73 millones de dólares el 100% de una sociedad offshore panameña denominada Sociedad de Aguas de América (SAA) e, indirectamente, el 75% de Inassa.

SAA había sido constituida el 2 de marzo de 2000, expresamente para la operación de venta, y se autodisolvió el 20 de febrero de 2002. Lo sorprendente, como destaca el informe de Cuatrecasas, era que una empresa pública madrileña se sometiera a la voluntad de los propietarios de Inassa y pasara por caja en un paraíso fiscal, en la que los intermediarios y comisionistas se aseguraban la opacidad.

¡El juez Velasco investiga si parte de los 73 millones de dólares desembolsados por el Canal fue a parar a los bolsillos de directivos de la distribuidora de agua o a otros empresarios españoles.

El informe de Cuatrecasas recoge la valoración inicial del 100% de Inassa: «Una de 135 millones de dólares si Triple A cobra una deuda que tiene con el Distrito de Barranquilla y otra de 117 millones si, finalmente, no puede cobrarse esa deuda».

«Pero la realidad fue que el despacho de Garrigues señaló una serie de materias en las que a su juicio debería incidirse y solicitar más información», según destaca el informe.

Desde el arranque de la operación Garrigues desautorizó la compra a través de la panameña SAA por las implicaciones fiscales para Extensia. El canal pretendía adquirir directamente Inassa, sin tener que pasar por el otro Canal, el de Panamá, pero finalmente reculó por la imposición de los vendedores. Cuatrecasas señala: «Aunque no podemos asegurar con certeza el porqué de esta imposición, todo parece indicar que hay una motivación de carácter fiscal implícita y sus residentes en Panamá, paraíso fiscal».

Otros de los motivos fue la búsqueda de una pantalla legal y opaca con el fin de ocultar los pagos de comisiones y desvíos de capitales.

Una operación muy lesiva

El segundo estudio, encargado a Cuatrecasas por la Gerencia del Canal en febrero de 2009, destacaba que la operación era muy lesiva para los intereses de la empresa pública madrileña. Según fuentes internas del Canal, el dossier fue entregado en mano a Ignacio González y éste lo trasladó posteriormente a la presidenta Aguirre. Las alarmas saltaron en el palacio de Correos de la Puerta del Sol pero el dossier se perdió en un cajón sin que nadie adoptase medidas disciplinarias o tomase medidas políticas para recuperar el botín del saqueo. El informe descansó en un lugar tan ocultó que ni los agentes de la UCO encontraron cuando realizaron los registros en la sede del Canal. No hallaron copias ni de ese ni de otros documentos de alta tensión, como el de Garrigues.

No obstante, estos documentos sí forman parte del sumario de la operación Lezo gracias a que la UCO los encontró en los domicilios y los despachos de los ex altos cargos del Canal. Por tanto, el juez y la Fiscalía Anticorrupción disponen ya de una copia del informe de Cuatrecasas. OKDIARIO también ha tenido acceso al dossier y desvela hoy las maniobras de los ex directivos del Canal.

Para los abogados de Cuatrecasas, «desde una perspectiva esencialmente jurídica», según recalcan en el arranque de su estudio, «se descubre la existencia de una serie de circunstancias que llaman la atención y que merecen, al menos, la calificación de inhabituales, cuando no de irregularidades». ¿Y cuáles fueron esas anomalías que llaman la atención a los expertos?

• Para Cuatrecasas, «llama igualmente la atención que la valoración de Inassa en el momento de la desinversión de Agbar fuese de 6,8 millones de dólares (7,9 millones de euros)» mientras que la valoración de dicha compañía apenas un años después fuese casi diez veces superior.En esa puja desfavorable, los expertos destacan que los derechos económicos de Inassa en un contrato de asistencia técnica ascendía al 86% de los ingresos percibidos por la sociedad, mientras que Extensia únicamente adquirió, aún pagando una cifra diez veces mayor, el 64,58%.Se daba también la circunstancia de que Agbar sólo tenía una concesión hasta 2013, pero los socios colombianos, antes de la venta al Canal, a fin de subir el precio, movieron a sus contactos políticos para conseguir una prórroga hasta 2033. No obstante, todo aquel logro era ficticio ya que estaba sometido a un proceso de impugnación.
• La concesión otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla a Triple A, del grupo de Inassa, no era exclusiva. Para los técnicos de Cuatrecasas, «los posibles vicios de nulidad amenazaban la propia concesión», que dejaba en el aire el contrato con las autoridades municipales hasta 2033.
• «La condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el comprador, máxime si tenemos en cuenta que durante el proceso no se hubiera presentado otra oferta competidora con Extensia».
• La operación se llevó a cabo en contra del consejo de Garrigues, que asesoró al Canal y emitió un informe de carácter fiscal que desaconsejaba realizar la comprar como estaba planteada.
• Rothschild, por encargo de Inassa, en colaboración con su filial RC Corporate Consultants Ltda, pretendió vender la sociedad colombiana, antes que al Canal, a las españolas Unión Fenosa, Iberdrola, Urbaser y Ferrovial y a empresas internacionales de Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón e Italia, entre otros países.Inassa presentó su cuaderno de venta pero todas las consultadas desistieron. Los expertos se refieren a «una clara incidencia negativa del denominado riesgo-país, que no garantizaba la estabilidad de las inversiones en Colombia y, mucho menos, si de por medio figuraba un paraíso fiscal. Inassa, la sociedad colombiana detentadora del suministro de aguas a Barranquilla, fue vendida a la panameña SAA para preparar el pelotazo por recomendación del cacique Marco Aurelio Royo, que era la persona que se encontraba tras la instrumental offshore panameña. SAA, a través de AAA Servicios compró las acciones de Agbar en junio de 2000.