OPERACIÓN LEZO

El Canal de Isabel II de Gallardón desvió 83 millones a Panamá en la compra de la colombiana Inassa

Alberto Ruiz-Gallardón y Pedro Calvo.
Alberto Ruiz-Gallardón y Pedro Calvo.

El Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares (83 millones de euros entonces y 67 al cambio actual) al paraíso fiscal de Panamá para la compra en 2001 de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla (Colombia). La operación se consumó con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid.

La transacción a través de Panamá se efectuó a caballo de 2001 y 2002, apenas dos meses después de que Pedro Calvo Poch, persona de la más absoluta confianza del entonces presidente madrileño, hubiera tomado posesión de la Presidencia del Canal de Isabel II en sustitución de Carlos Mayor Oreja, a la sazón consejero de Justicia. Casualmente, el hermanísimo del ex ministro del Interior y primer consejero de Medio Ambiente de la era Gallardón abandonó abruptamente la empresa pública autonómica semanas antes de que se emplease el paraíso fiscal centroamericano para entrar en el capital de la empresa colombiana.

La operación se consumó a pesar de las contundentes advertencias del informe elaborado por el prestigioso despacho madrileño Garrigues, que consideraba dudosamente legal efectuar los pagos en un paraíso fiscal, además de poner en tela de juicio el precio: 73 millones de dólares. Un total de 83 millones de euros, moneda que entró en circulación por aquel entonces, concretamente el 1 de enero de 2002. Panamá estaba considerado en esa época "un paraíso fiscal a todos los efectos" por la Agencia Tributaria. En estos momentos no lo es técnicamente tras un acuerdo de colaboración suscrito en 2011 entre el fisco español y el centroamericano.

Un año antes, una auditoría había tasado Inassa en “7 millones de dólares”, es decir, 10 veces menos que el precio desembolsado finalmente por el Canal de Isabel II. Ése fue, además, el precio que habían abonado los vendedores a los anteriores titulares de Inassa, Aguas de Barcelona. La excusa oficial para justificar el espectacular encarecimiento fue el aumento del periodo de concesión en 20 años. Terminaba en 2013 y se amplió hasta 2033 poco antes de la irrupción del Canal de Isabel II. El pelotazo se financió con dos créditos: uno otorgado por BBVA y otro por Caja Madrid, entidad en esa época de titularidad pública, presidida por Miguel Blesa y controlada por la Comunidad de Madrid.

La compra permitió al Canal hacerse con el 75% de Inassa, que a su vez poseía el 63% de la Triple A (Agua, Acueducto y Alcantarillado), compañía encargada del suministro de la ciudad colombiana de Barranquilla, a orillas del Caribe. Esta urbe de 2 millones de habitantes es la cuarta más poblada del país sudamericano tras Bogotá, Medellín y Cali.

Lo normal habría sido, tal y como avisó Garrigues en 2001, haber consumado la compraventa en Colombia. Pero no. Los socios colombianos de Inassa (Enrique Miguel Gerlein, Luis Lucho Nicolella y Nelson del Polo) crearon meses antes en Panamá Slasa (Sociedad Latinoamericana de Aguas Sociedad Anónima). Slasa era la tenedora del 75% de Inassa, que a su vez poseía el 63% de la Triple A de Barranquilla. Los Gerlein fueron investigados por la DEA, el FBI y el juez Baltasar Garzón por el presunto lavado de dinero del narcotráfico a través del Banco Ganadero. Esta poderosa familia colombiana, en la que se incluyen diputados de la República, vendió el Banco Ganadero a BBV en 1996.

Entre los vendedores figuraba asimismo Francisco Olmos Fernández-Corugedo, un ingeniero de minas asturiano que controlaba Inassa en el tiempo en que perteneció a Aguas de Barcelona (finales de los 90). Todos los indicios apuntan a que él fue el cerebro financiero en la sombra de esta controvertida compraventa.

Los tres empresarios colombianos (alguno de ellos vinculados a grupos paramilitares) se pusieron de acuerdo con el equipo capitaneado por Pedro Calvo y, más concretamente, con el gerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda. Este abogado fue asesor de Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación y posteriormente de Mariano Rajoy, tanto en la Vicepresidencia del Gobierno como en el Ministerio del Interior. Actualmente, preside la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Otra de las curiosidades que rodearon la operación panameña fue que para ejecutar la adquisición de Inassa se creó Canal Extensia, que es la sociedad que formalmente puso el dinero en el paraíso fiscal de Panamá. El Consejo de Gobierno presidido por Alberto Ruiz-Gallardón dio el visto bueno el 21 de noviembre de 2001.

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