La ‘offshore’ de Panamá se disolvió nada más cobrar los 83 millones del Canal de Isabel II

Los empresarios españoles que urdieron el gran pelotazo al Canal de Isabel II en la compra de la sociedad colombiana de aguas Inassa montaron toda su ingeniería financiera en torno a una sociedad panameña denominada SAA. Aunque la sociedad matriz era propietaria de los derechos del suministro de aguas a la ciudad de Barranquilla, necesitaban una offshore en un paraíso fiscal que les garantizara opacidad y un canal para desviar los beneficios del botín sin la mirada de los jueces y los funcionarios de la Agencia Tributaria.

Por ello, Francisco Olmos y sus socios españoles y colombianos que dirigieron desde la sombra la operación de compra constituyeron SAA en Panamá el 2 de marzo de 2000, expresamente para la operación de venta de Inassa, y la disolvieron el 20 de febrero de 2002, como se refleja en los datos del Registro Mercantil de Panamá que reproduce OKDIARIO. Entre medias, ejecutaron todas las negociaciones con Madrid y consumaron el gran pelotazo.

Lo inusual e irregular era que una empresa pública madrileña se sometiera a la voluntad de los propietarios de Inassa y pasara por caja en un paraíso fiscal, en la que los intermediarios y comisionistas se aseguraban la opacidad.

Y lo más sorprendente: lo que costaba en mayo de 2001, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros de la época) —ése era el precio real de Inassa— pasara a valer en febrero de 2002 un montante de 73 millones de dólares (es decir, 83 millones de euros). En tan sólo nueve meses, el precio se multiplicaba por 10 sin ninguna condición objetiva que lo justificara.

Tan descarado era el pelotazo que los propietarios de SAA se permitían el lujo de desmontar la sociedad pantalla, como figura en las actas registrales panameñas, el 20 de febrero de 2002, tan sólo unos días después del firmar el contrato de compraventa.

Todo resultó rapidísimo: el Consejo de Administración del Canal aprobó la presentación de la oferta de compra en noviembre y, ese mismo mes, Inassa se adjudicaba a Extensia, que también se había constituido exclusivamente para esa operación el 5 de diciembre.

El Canal había entrado en acción oficialmente el 18 de mayo de 2001 para hacerse cargo de la administradora de agua, en una operación que levantaba muchos recelos en el bufete de abogados Garrigues, que había recomendado a la empresa pública madrileña otro tipo de contrato y, sobre todo, alejado del paraíso fiscal de Panamá.

A pesar de todo ello, las alarmas no saltaron en el Gobierno de Madrid, en manos de Alberto Ruiz-Gallardón, y de la cúpula empresarial del Canal, dirigida por Arturo Canalda y controlada por un hombre de confianza del presidente autonómico, Pedro Calvo.

SAA, para llevar acabo una operación tan especulativa, había adquirido con anterioridad Inassa a Agbar, por una cantidad irrisoria si se compara con la que se abonó desde Madrid. En el acta ante notario, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se revierten todos los activos de SAA a Extensia. Al menos, el Canal sí conocería la identidad de sus vendedores porque en el registro panameño sólo figuran los nombres de una serie de testaferros panameños.

Como en el resto de sociedades que se constituyen en Panamá —de ahí su condición de paraíso fiscal—, en el registro sólo figuran los datos de un despacho de abogados, denominado “residente”. En este caso es el bufete de Obaldía y García de Paredes, conocido en el país centroamericano por ser uno de los mayores surtidores de sociedades ‘offshore’. Los nombres de los directivos que figuran en la inscripción de SAA son agentes de ese bufete que aparecen en otras decenas de instrumentales: Violeta Holnes, Jacqueline Esher Hayoi y Kira Ivette Degracia.

Ingeniería financiera en un paraíso fiscal

Inassa, la sociedad colombiana detentadora del suministro de aguas a Barranquilla, fue vendida a la panameña SAA para preparar el pelotazo por recomendación del cacique de aquel país Marco Aurelio Royo. Según fuentes conocedoras, Royo era la persona que se encontraba tras la instrumental offshore panameña. SAA, a través de AAA Servicios, había comprado las acciones de Agbar en junio de 2000.

La joya de la corona para el Canal, la sociedad colombiana que suministraba agua a la cuarta ciudad más poblada de Colombia —tras Bogotá, Medellín y Cali—, con dos millones de habitantes, era Inassa. Era la accionista de Triple A (Agua, Acueducto y Alcantarillado), la empresa constituida en 1991 que tenía la concesión del Ayuntamiento, en la que participaba en un 85%.

Además de la panameña SAA, siete ejecutivos españoles de Agbar constituyeron la sociedad IAA y se quedaron con parte del pastel, con el 12% de Inassa.

López Heras, representante del Canal, firmó el 8 de junio de 2001, en nombre de la empresa pública de Madrid un acuerdo de confidencialidad con Rothschild, declarándose interesado en adquirir Inassa.

La compra se ejecutó en febrero de 2002 a través de una filial del Canal denominada Extensia, constituida para tal fin, que adquirió el 75% de las acciones, y Tecvasa, que se reservó el 25%. Tres años después, el Canal compró ese paquete de acciones a esa sociedad y se hizo con el 100% del capital. Los socios de Tecvasa pegaban el segundo pelotazo y hacían el negocio de su vida.