Aparecen ciudadanos españoles en la sociedad de Panamá a la que el Canal de Isabel II desvió 83 millones

En torno a la operación de compra de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II destaca una serie de empresarios españoles que se beneficiaron de la opacidad de los paraísos fiscales para dar el gran pelotazo. Lo que sólo costaba en mayo de 2001 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros de la época) pasó a valer en febrero de 2002 73 millones de dólares (83 millones de euros). En tan sólo nueve meses el precio se multiplicaba por diez sin ninguna condición objetiva que lo justificara.

Según el informe de Cuatrocasas, que ayer desveló en exclusiva OKDIARIO, todo estaba diseñado para consumar un gran pelotazo y saquear las arcas de una empresa pública de la Comunidad de Madrid. De ahí que el estudio del despacho de abogados se muestre inmisericorde con dos representantes del Canal: Juan Pablo López Heras, el subdirector del área de Nuevos Negocios, que según Cuatrecasas estaba informado de manera confidencial de lo que se estaba tramando; José Antonio de Cachavera, director Económico y Financiero del área de Nuevos Negocios y jefe del anterior, la persona que defendió el proyecto ante el Consejo de Administración; y Fernando Troyano, uno de los impulsores del proyecto que estaba contratado por el Canal, a través de la sociedad Asesoría Técnico Jurídica de Gestión, como asesor de inversiones para la zona de Iberoamericana.

Troyano, según el informe de Cuatrecasas, adoptaba “un aire de confidencialidad y secretismo en sus comunicaciones con el Canal”, concretamente, con López Heras.

Uno de los aspectos más controvertidos en la compra de la colombiana Inassa, que controlaba el suministro de aguas a Barranquilla (Colombia), era el precio a pagar por la operación. Y, sobre esa valoración, el informe elaborado por Cuatrecasas, a petición de la Gerencia del Canal, señala: «Hay una serie de circunstancias que resultan inhabituales y en desventaja para el Canal».

Y esa peculiaridad fue que la compañía española no pidió asesoramiento externo para elaborar una tasación de la sociedad a adquirir. Se plegó a una valoración encargada por Tecvasa, una de las partes interesadas y beneficiadas en la venta de Inassa. Fue una jugada brillante de Francisco Olmos en la que el Canal se doblegó.

Francisco Olmos, ex directivo de Agbar cuando la compañía de aguas catalana controlaba Inassa y después socio de Extensia (Canal) a través de Tecvasa, es el personaje clave en la operación de compra de la sociedad colombiana. Su actuación, en teoría un hombre de confianza del Canal en Inassa, fue lesiva para los intereses de la compañía madrileña.

Desde el principio se posicionó a favor de sus propios intereses y de socios españoles y colombianos. Y en esa tarea, lo secundaron un grupo de antiguos empleados de Agbar, que se habían desplazados a Colombia y eran propietarios de la sociedad uruguaya Stanke Inverstment, accionista de la panameña SAA, la offshore que se haría con el 51% de Aguas de Barcelona, antes de la venta al Canal, para pegar el pelotazo.

La Sociedad de Aguas de América (SAA) fue constituida en el paraíso fiscal de Panamá para eludir el pago de impuestos y obtener opacidad en sus operaciones. Por ello, la trama española del pelotazo del Canal se procuró de una red de sociedades en el paraíso fiscal del otro Canal. El juez Velasco tendrá difícil rastrear el camino del dinero perjudicado por los blindajes de las sociedades offshore.

OKDIARIO ha tenido acceso a los datos del Registro Mercantil de Panamá de SAA y, como en el resto de las sociedades constituidas en ese paraíso fiscal, sólo figuran los datos de un despacho de abogados denominados “residentes”. En este caso es el bufete de Obaldía y García de Paredes, conocido en Panamá por ser uno de los mayores surtidores de sociedades offshore. Los nombres de los directivos que figuran en la inscripción de SAA son agentes de ese bufete que aparecen en otras decenas de instrumentales: Violeta Holnes, Jacqueline Esher Hayoi y Kira Ivette Degracia.

SAA, la primera compradora de Inassa a Agbar fue constituida poco antes del pelotazo y desmontada tras la firma de la compra y el desembolso de los 83 millones de euros. En el acta ante notario en la que se revierten todos sus activos a Extensia sólo figuran los testaferros panameños.

No obstante, en el registro mercantil panameño figura otra sociedad inscrita el 18 de julio de 2000 por el mismo bufete Obaldía y García de Paredes, denominada Latinoamericana de Aguas y Servicios (Lassa). Era un clon de la anterior que, en su certificado de disolución, fechado el 26 de noviembre de 2002, aparecen como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, los españoles Jorge Pizano Callejas, Germán Sarabia Huyke y Jesús David Tous Rubio. En el acta notarial además se menciona a una serie de directores, entre quienes se encuentran Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Villaplana y Salvador Cardona Aucejo. En esa comparecencia se resuelve que los bienes y activos de la sociedad sean repartidos en efectivo o en especie entre los socios.

Salvador Cardona figura domiciliado en Valencia y Francisco Olmos y Francisco Javier Villaplana, en Barranquilla.

Lassa es también otra de las sociedades offshore de la operación Canal. Estaba participada por Tecvasa (49%) y por AAA Servicios. Finalmente, Inassa compró ese 49% de Lassa que , a su vez, era titular del 100% de una instrumental denominada Maverick. Que, a su vez, era propietaria de Amagua CEM. Todo un entramado opaco, urdido para evitar el rastro del dinero. Meses después estas sociedades pasaron a AAA Servicios.

Otra de las sociedades offshore era Kerqus, que fue disuelta en noviembre de 2001 e integrada en AAA Servicios. Como las anteriores había sido constituida por Obaldía y García de Paredes y con los mismos directivos que SAA y Lassa.

Nadie podía ocultar que Francisco Olmos y sus socios españoles eran los urdidores de todo ese entramado societario en un paraíso fiscal. En Tecvasa lo acompañaban entre otros: Charles de Ros Wallace, Javier Villaplana Oliva, Olallo Villoldo Bellón y Carlos Virosque Verdú.

Por el bando colombiano los controladores de la operación eran la sociedades Slasa, que facilitaba a la asistencia técnica a Inassa, una parte de Tecvasa y Compañía General de Inversiones Nacionales, entre otras. En unas escrituras levantadas por un notario de Panamá aparecen en Inassa la relación de empresarios colombianos que también participaron en el pelotazo: Juan Ras Sirera, Ramón Albareda Cañadell, Enrique Gerlein Navas, Marco Royo Anaya, Luis Cárdenas Gerlein, Julio Luis Jacome, Luis Nicolella y Guillermo Sanclemente, entre otros.

Las triquiñuelas legales y societarias en la operación Canal provocaron situaciones inverosímiles. El Consejo de Administración del Canal aprueba la presentación de la oferta el 15 de diciembre y ese mismo día se adjudica a Extensia la licitación por Inassa. Cuatrecasas se manifiesta su sorpresa por tanta coincidencia y recalca: «Merece la pena destacar que las actas de los socios de Inassa por las que dan su consentimiento a la adjudicación a Extensia mencionan que las reuniones se mantuvieron con fecha 13 de noviembre de 2001, si bien la fecha en que las actas se habrían extendido era la de 14 de noviembre».

Respecto a estos datos, Francisco Olmos ha remitido a OKDIARIO un comunicado en el que afirma lo siguiente: «Francisco Olmos no tiene ni ha tenido intervención o participación alguna en las operaciones y hechos que se vienen describiendo a salvo de la labor profesional que desempeñaba, técnicamente, en las empresas a que alude la información».

A continuación añade que «los informes que se citan como el emitido por el despacho Cuatrecasas están extractados para mostrar conclusiones manifiestamente distintas a las que sostienen y sin que, de ninguna manera, señalen al Sr. Olmos como personaje clave de ningún pelotazo ni afirmen que sobre él hubiera pivotado operación alguna».

Por último, concluye que «las operaciones en las que aluden en sus noticias como pelotazo se realizaron con luz y taquígrafos e intervinieron en ellas destacadas firmas que evaluaron la bondad de dicha inversión tales como Priceewaterhouse, Rothschild, Garrigues & Andersen y CAP&AFI, que pusieron de manifiesto que los valores de compra eran absolutamente correctos y que la operación se realizó en términos de mercado y superó todos los controles administrativos precisos».