Presentan una querella contra la presidenta del PP de Cantabria por el pucherazo del congreso regional

Tres afiliados y ex altos cargos del PP han presentado una querella contra la nueva presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, por el pucherazo del Congreso Regional del partido celebrado el pasado 25 de marzo.

La querella también se dirige contra la ex tesorera y actual secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, y contra la gerente del partido, Jesusa Sánchez Gómez, quien presidió el comité organizador del Congreso. Las tres están acusadas de prevaricación administrativa y de un presunto delito electoral.

La querella ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), dado que María José Sáenz de Buruaga es aforada en su condición de diputada autonómica y vicepresidenta segunda del Parlamento regional. Dos cargos de los que podría verse obligada a dimitir si finalmente es imputada, en virtud del pacto suscrito a nivel nacional entre el PP y Ciudadanos.

Tal como ha informado OKDIARIO, miembros del PP próximos a la candidatura de Sáenz de Buruaga utilizaron a un discapacitado físico y psíquico de Laredo para pagar las cuotas de 491 afiliados de toda la provincia, con el fin de que pudieran votar en la elección de compromisarios. Esta maniobra fue decisiva para que María José Sáenz de Buruaga resultara elegida presidenta del PP de Cantabria, al obtener sólo cuatro votos más que su rival, el ex presidente autonómico Nacho Diego.

Usaron a un discapacitado psíquico

«Es improbable que una persona con un grado de discapacidad psíquica y física», señala la querella, «pueda ser capaz de manejar, sin el auxilio de terceras personas 491 transferencias que avalaron la candidatura de María Jesús Sáenz de Buruaga».

Quien realizó estas transferencias (que suman 8.852 euros, cuya procedencia aún no se ha esclarecido) tuvo acceso «de forma ilegal o prohibida» a los datos de carácter personal del censo de militantes del PP de Cantabria, vulnerando la Ley de Protección de Datos, añade. Por tanto, la gerente Jesusa Sánchez Gómez podría haber incurrido en un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Los denunciantes piden al juez que investigue si el discapacitado de Laredo, que vive de la caridad y de una modesta pensión no contributiva, fue coaccionado o engañado para utilizar su cuenta bancaria, con el fin de realizar estos pagos.

En cuanto a la gerente y presidenta del comité organizador del Congreso, Jesusa Sánchez Gómez, «dictó resoluciones arbitrarias» al negarse a anular el voto de los afiliados que se habían beneficiado de este pago irregular de cuotas, señalan los denunciantes. Además, incluyó en el censo de compromisarios a personas que no habían sido elegidas en el proceso previo y, por el contrario, negó el voto a militantes que tenían la condición de compromisarios natos.

Un proceso «viciado de ilegalidades»

La querella también se dirige contra María José González Revuelta, quien como tesorera del partido debería haber alertado sobre el pago irregular de cuotas, que según los denunciantes puede haber vulnerado el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos.

González Revuelta dio por buena esta irregularidad y, tras el Congreso, fue nombrada secretaria autonómica del partido por la nueva presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

La querella ha sido redactada por el abogado penalista José Aníbal Álvarez García, quien concluye que Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del PP en un proceso electoral «viciado de ilegalidades». Algo que también vulnera el artículo 2 de la Constitución que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos.

Entre otras pruebas, el letrado solicita al juez instructor que requiera todos los movimientos correspondientes a las transferencias realizadas desde la cuenta del discapacitado de Laredo y que orden investigar la dirección IP del ordenador desde el que se realizaron estas operaciones. También pide que se acredite el grado de discapacidad del militante de Laredo y se investigue quién manipuló de forma «ilícita» el censo de afiliados del partido.

«Quieren destruir la organización»

La dirección del PP de Cantabria ha emitido un comunicado en el que sostiene que la querella «responde a una estrategia de acoso judicial diseñada al día siguiente del Congreso regional por quienes se niegan a asumir el resultado democrático» del cónclave.

Y añade que los denunciantes «no quieren la reconciliación, sino dinamitar la confianza y destruir a la organización». A instancias de Sáenz de Buruaga, el Comité regional de Derechos y Garantías instruye un expediente disciplinario contra los nueve diputados autonómicos que se niegan a nombrarla portavoz en el Parlamento de Cantabria.