Denuncian el autoplagio de Cuerpo en su tesis para que se investigue si hay causa de nulidad de su doctorado

Un procurador de tribunales ha presentado esta semana –concretamente, el pasado martes– una denuncia administrativa ante el Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para que se investigue si el autoplagio detectado en la tesis doctoral del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, constituye causa de nulidad de pleno derecho de su título de doctor.

La denuncia, firmada por un ciudadano valenciano, va más allá del debate ético: sostiene que la tesis podría carecer del requisito esencial de originalidad exigido por la normativa estatal, lo que convertiría el doctorado en potencialmente nulo, conforme a un artículo de la Ley de 2015 del Procedimiento Administrativo Común.

La controversia estalló este mismo martes después de que OKDIARIO desvelara que el capítulo tercero de la tesis doctoral de Cuerpo, defendida en junio de 2017 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM, reproduce de forma sustancial –durante 28 páginas de las 112 que tiene el trabajo– un artículo que él mismo había publicado cinco años antes junto a la profesora Pilar Poncela a través de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

El artículo original, de 2012, se titula Economic Forecasting with Multivariate Models Along the Business Cycle y aparece registrado como Documento de Trabajo número 692 de Funcas. El título del capítulo plagiado de la tesis, Forecasting along the Business Cycle, es notoriamente similar. La paradoja añadida es que Poncela, coautora de ese trabajo previo, fue precisamente la directora de la tesis doctoral de Cuerpo.

El Código Ético de la UAM, aprobado en 2020, establece que «se deben evitar prácticas dirigidas a la mejora artificial del currículum vitae, como la doble publicación y el autoplagio». Por su parte, el Comité de Ética de la Publicación (COPE) subraya que «el plagio incluye el autoplagio, que se produce cuando los autores reutilizan partes sustanciales de su propio trabajo publicado previamente sin la debida atribución».

El Gobierno de Pedro Sánchez restó importancia a la información durante el Consejo de Ministros de este martes. Fuentes del Ejecutivo ironizaron con que resulta «fascinante que eso sea lo peor que se puede sacar de Cuerpo», mientras que miembros del Gabinete aseguraron no tener «nada que decir» al respecto, rechazando que el asunto hubiera tenido impacto alguno en la reunión.

Nulidad del doctorado

Sin embargo, el texto de la denuncia presentada ante el Rectorado de la UAM eleva considerablemente las consecuencias potenciales del caso. El escrito argumenta que un real decreto de 2011, que regula las enseñanzas oficiales de doctorado, exige que la tesis «incorpore resultados originales de investigación» y que consista en «un trabajo original de investigación». Para el denunciante, «no estamos ante un problema de citas, sino ante la posible inexistencia del presupuesto legal que permite obtener un doctorado».

La vía jurídica escogida es la de un artículo legal que permite a las administraciones declarar de oficio la nulidad de actos administrativos cuando concurra alguna de las causas del artículo que califica como nulos de pleno derecho los actos «por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición». El título de doctor universitario sería, en esta hipnótica construcción jurídica, ese derecho adquirido sin el requisito esencial de la originalidad.

El escrito solicita al Rectorado que abra un período de actuaciones previas, que ordene una comparación técnica independiente entre la tesis de 2017 y el documento Funcas de 2012, que preserve el expediente doctoral completo —incluidos los informes de la Comisión Académica, las actas del tribunal y cualquier declaración de originalidad— y que, si los indicios se confirman, incoe de oficio el procedimiento de revisión previsto en la ley.

Este caso no es inédito en el seno del propio Gobierno. OKDIARIO también destapó en septiembre de 2018 que el presidente Pedro Sánchez había reproducido en su tesis doctoral, defendida en 2012 en la Universidad Camilo José Cela, párrafos enteros de dos artículos científicos firmados junto al profesor Juan Padilla Fernández-Vega, quien además formó parte del tribunal que evaluó el trabajo y le otorgó un «apto cum laude». Aquel precedente nunca tuvo consecuencias administrativas formales.

La pelota está ahora en el tejado del Rectorado de la Autónoma. Si la institución decide archivar la denuncia sin más trámite, deberá hacerlo «mediante acuerdo expreso y motivado», según exige el artículo 21 de la misma ley que el denunciante esgrime. Esa resolución podría posteriormente recurrirse en los tribunales ordinarios de Justicia. La UAM, en suma, no podrá mirar hacia otro lado en silencio: tendrá que decir algo, y lo que diga –o no diga– hablará por sí solo.