II Jornadas Jurídicas OKDIARIO

Chapapría censura la «intromisión» del Gobierno en el poder judicial: «En una democracia no puede pasar»

"Estamos ante la mayor crisis de nuestra democracia a nivel político, institucional y de injerencia en la independencia judicial"

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David García de Lomana

Juan Chapapría, abogado, socio director en Chapapría-Navarro Asociados y socio en Martínez-Echevarría, ha sido uno de los protagonistas de las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO en Marbella (Málaga), donde, junto a turistas y políticos, ha formado parte de la mesa redonda que ha abordado El impacto de Europa en la Justicia de España, con el foco en las respuestas del Tribunal Constitucional y las instancias europeas a la Ley de Amnistía.

El letrado, presente la semana pasada en Luxemburgo, ha hablado del informe del abogado general de la UE que avala en gran parte la Ley de Amnistía. «Parecía todo un éxito, una victoria del Gobierno y de los independentistas», ha indicado, pero afirma que debe leerse completo y no utilizarse para fabricar relatos políticos.

Al respecto, ha recordado que el dictamen no es vinculante y que la sentencia del TJUE puede ir en otra dirección. Confía en la independencia y profesionalidad de los jueces europeos y remarca que su «lejanía» del conflicto político español es una ventaja.

Chapapría ha subrayado dos ideas clave: la necesidad de que el bloque constitucionalista permanezca unido para defender el Estado de Derecho frente a cualquier «intromisión» del Gobierno y la importancia de las instituciones europeas como contrapeso a «la mayor crisis de nuestra democracia a nivel político, institucional y de injerencia en la independencia judicial».

El núcleo de su intervención ha girado en torno a la erosión institucional provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años, con «injerencias» del Ejecutivo y de los socios independentistas, como por ejemplo reformar el Código Penal (sedición y malversación) justo antes de una audiencia en el Tribunal de Cuentas.

«La intromisión del Ejecutivo ha sido absoluta. Cuando pasen unos años y se pueda valorar con más perspectiva, habrá que ver hasta dónde llega la erosión de nuestras instituciones y el daño tan grande a su credibilidad y su reputación a ojos de la ciudadanía». Chapapría considera que esta injerencia responde exclusivamente «a intereses espurios y legislativos de aritmética política para poder avanzar la legislatura», un «ejemplo de lo que nunca puede pasar en una democracia».

También ha criticado que el Tribunal Constitucional siguiera adelante con sus decisiones mientras había una cuestión prejudicial pendiente en Europa, y ha valorado positivamente que el informe del abogado general de la UE considere vulnerada la tutela judicial efectiva en la parte relativa a la malversación, al señalar que los plazos y trámites del Tribunal de Cuentas no permitieron una revisión real antes de amnistiar esos hechos.

Chapapría ha apuntado que el procedimiento en el Tribunal de Cuentas estuvo marcado por presiones políticas y por una posición «neutral» de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dejando en minoría a la acusación popular frente a una larga lista de abogados de los encausados. Señala como anómalo que Gonzalo Boye –al que atribuye participación en la negociación de la amnistía– defendiera a los investigados en ese procedimiento.

Ha destacado que Europa haya mantenido la cuestión prejudicial pese a la entrada en vigor de la amnistía y que la vista fuese pública y retransmitida, lo que, en su opinión, aporta garantías. Considera que la UE actuó con rigor para evitar que España genere un precedente que pueda afectar a otros Estados miembros.

Además, pronostica que la sentencia del TJUE será favorable a sus posiciones, que la cuestión volverá al Tribunal de Cuentas para practicar diligencias y que Puigdemont no podrá regresar a España. «La Ley de Amnistía no se va a poder aplicar», ha resumido.

El también socio de Martínez-Echevarría ha cerrado su intervención remarcando el papel de la sociedad civil –en concreto, Sociedad Civil Catalana– como motor para contener la amnistía y defender el Estado de Derecho cuando los partidos no actúan. Y ha mostrado su confianza en que, «dentro de un mes o mes y medio», se reconozca el trabajo realizado en Europa y que la Ley de Amnistía quede finalmente neutralizada.

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