Solo los jueces frenan el ataque a los colegios concertados en las regiones en poder de la izquierda

Seis Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE amenazan con reducir las plazas de la educación concertada. Se trata de Valencia, Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla La-Mancha, Extremadura y Asturias. En 4 de ellas, los socialistas gobiernan gracias a Podemos. El PP en el Congreso ha presentado una iniciativa para denunciar esta situación. Defienden que se debe garantizar «una oferta educativa plural, incluyendo los centros concertados».

En esta proposición no de ley, se manifiesta que estas 6 regiones se está generando «incertidumbre en familias, docentes, personal de servicio y administración y centros». «El derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución se está distorsionando por algunas administraciones educativas al reducir de forma injustificada unidades concertadas y dificultar su viabilidad», alega el documento.

Varapalo judicial en Valencia

La Comunidad Valenciana se encuentra gobernada por un pacto en coalición formado por PSOE, Podemos y Compromís. El socialista Ximo Puig es el presidente, mientras que la líder de Compromís, Mónica Oltra, se encarga de la vicepresidencia.

Este jueves, su ejecutivo recibía un duro varapalo: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendía los recortes que Puig había dictaminado para la educación concertada.

Y es que la Consejería de Educación anunció en abril que se iban a eliminar el 13,8% de las unidades concertadas de Bachillerato en la región. En la actualidad, constan un total de 437 unidades concertadas para 1º y 2º de Bachillerato, mientras que Puig quería que se quedarán en 406, es decir, 31 plazas menos.

De esta forma, el TSJCV paraliza la eliminación del concierto de dos unidades de primero de bachillerato para el próximo curso. Los recursos fueron presentados por el colegio Domus y el Centro Integrado de Purísimas Franciscanas, los centros afectados por estos recortes.

Más de 40.000 personas salieron a la calle para protestar contra los recortes anunciados por la Generalitat de Valencia, en una manifestación convocada por la plataforma Libertad de Enseñanza 27.1.. Desde esta entidad, denunciaban que los recortes afectan a 25 colegios, 6.770 familias, más de 8.000 alumnos y 124 profesores.

El PP, con su proposición no de ley, también denuncia la decisión del Gobierno valenciano de no autorizar unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos.

Puig, con la ayuda de su vicepresidenta Mónica Oltra, también restringieron la renovación automática de los conciertos en Bachillerato y de Formación Profesional. Todo ello a, tal y como informa el texto de los ‘populares’, «a un mes de empezar el proceso de escolarización y en un año de renovación de los conciertos».

El PSOE cede a la presión de Podemos en Aragón

La Comunidad de Aragón está gobernada por el PSOE y el apoyo parlamentario de Podemos. El presidente socialista, Javier Lambán, tuvo que ceder en marzo ante las presiones de los podemitas para poder aprobar los presupuestos de la región.

Esta presión provocó que Lambán tuviera que cerrar 28 aulas de la escuela concertada correspondientes a primero de infantil. Estas 28 plazas correspondían a colegios católicos. Esta cifra contrasta con las 48 aulas que Podemos quería cerrar en un principio, aunque luego se acordó que se quedase en 28.

A mediados de abril, los juzgados de lo contencioso administrativo 1 y 4 de Zaragoza dictaminaban que el Gobierno de Aragón debía mantener las 12 aulas que tenía concertadas en los colegios San Antonio de Padua y La Anunciata.

Pero el mayor varapalo para el Ejecutivo de Aragón llegaría en mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendía la eliminación de las 28 plazas de la escuelas concertadas católicas que Lambán quería suprimir. Esta resolución se dictaminaba después de los recursos que presentaron los centros educativos Sagrada Familia, La Anunciata, Cristo Rey y Teresianos del Pilar, que eran los principales afectados.

El pretexto demográfico en Andalucía

El Gobierno de la socialista de Susana Díaz también ha iniciado una cruzada contra la educación concertada con el consentimiento de Ciudadanos, su socio en la región.

La Junta de Andalucía ha utilizado el descenso demográfico a nivel nacional como pretexto para reducir el número de plazas concertadas en los colegios semiprivados. El ejecutivo de Díaz ha abogado por suprimir unidades escolares en la enseñanza concertada en lugar de la pública.

Las casi 400 escuelas semiprivadas de la Comunidad, han solicitado prorrogar otros seis años más las subvenciones de la Junta. La mayoría de estos centros son católicos. La respuesta del Gobierno andaluz ha sido contundente: no admitir ninguna de estas solicitudes y suprimir 11 unidades concertadas en educación infantil.

Pero la réplica de Susana Díaz no se ha quedado ahí: hasta 825 plazas para niños de 3, 4 y 5 años irán desapareciendo en centros concertados y religiosos. De estas 825 unidades, 75 se han suprimido a los centros que segregan al alumnado por sexos. La Junta se muestra contraria a esta política, de ahí esta enorme supresión. Los colegios afectados son los religiosos de Altair, Ribamar y Ángela Guerrero.

Solamente en la capital de la región, Sevilla, se suprimen 27 plazas. La mayoría de estas plazas pertenecen a los colegios de educación diferenciada. La razón de esta decisión correspondería a la del descenso demográfico.

Conciertos congelados en Castilla La-Mancha

PSOE y Podemos firmaron un acuerdo en febrero de 2016 con el objetivo de «reducir progresivamente la financiación de los conciertos educativos». En este documento, se acordó congelar «congelar gasto destinado a los conciertos educativos de Primaria y Secundaria, de manera que no se realizarán nuevos conciertos». También se abogaba por «reducir progresivamente la educación concertada y garantizar la disponibilidad de plazas en la educación pública».

El acuerdo está enmarcada en la aprobación de los presupuestos de la región que el PSOE y Podemos acordaron aprobar. No obstante, 6 meses después los podemitas anunciaban que rompían el pacto de investidura con el presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Este jueves, Page anunciaba que el partido morado entraba en su Ejecutivo para formar un Gobierno en coalición en la Comunidad. Con este pacto, los de Pablo Iglesias consiguen puestos en el Ejecutivo de la región: tendrán dos carteras, entre ellas una Vicepresidencia.

También se incluye la aprobación de unos nuevos presupuestos para este año y para el el próximo ejercicio. De esta forma, ambos partidos podrían recuperar el documento firmado en el que abogaban reducir plazas para los centros concertados para favorecer a los colegios públicos.

Firmas en Extremadura

En Extremadura, el nuevo decreto del régimen de conciertos para el próximo curso ha generado bastante polémica. Según la iniciativa parlamentaria del PP, «no garantiza una estabilidad en la duración de los conciertos».

En el texto se especifica lo siguiente: «la aprobación o renovación de los conciertos educativos se encuentra condicionada a la programación general de la enseñanza, a las disponibilidades presupuestarias existentes y a la observancia del principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos, expresado en el artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción vigente».

De este documento dependen 78 centros concertados de la región, con 33.000 alumnos y 2.200 maestros y profesores, según datos aportados por la Junta de Extremadura. En el Ejecutivo liderado por el socialista Guillermo Fernández Vara están preocupados por este asunto. Esto se debe a que el decreto se aprobó por tan sólo votos de diferencia en el Consejo Escolar de Extremadura: 14 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones.

En la Comunidad se está llevando a cabo una recogida de firmas para pedir a Vara que mantenga las unidades concertadas en la región. La patronal Escuelas Católicas de Extremadura, y con el respaldo del sindicato USO y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) llevan recogidas ya más de 2.500 firmas. También han apostado por una recogida de firmas digital, a través de change.org.

Los recortes en Asturias

Asturias es otra de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE que amenaza a la enseñanza concertada. El Ejecutivo de Javier Fernández anunció un recorte de 34 unidades de esta educación. De estas 34 plazas, 16 de Infantil, siete de Primaria, otras tantas de Secundaria y cuatro de Formación Profesional, dos de las cuales se acometen a petición del propio centro. Fernández gobierna en el Principado gracias al apoyo parlamentario de Izquierda Unida.

De esta manera, un total de 23 colegios concertados se verán afectados por estos recortes. El centro más perjudicado es el de San José de Sotrondrio, puesto que perdería cinco aulas: tres de Primaria, una de Infantil y otra de Secundaria.

Poco después de anunciar esto, el ejecutivo socialista confirmaba que «salvaba» a cuatro colegios de estas reducciones de ayuda: Lena, Langreo, Mieres y San Martín del Rey Aurelio. Estos centros privados presentaron alegaciones al ser los más afectados. Tras esta decisión, la reducción de plazas concertadas se quedaban en 30.