El plan de Puigdemont para evitar la votación en el Congreso: ir a la Comisión Constitucional

El presidente catalán, Carles Puigdemont, busca una fórmula para exponer en el Congreso su plan independentista evitando la votación. La alternativa, según fuentes de la antigua Convergencia, sería una comparecencia en la Comisión Constitucional, algo que, necesariamente, no implicaría que se vote.

Para solicitar una comparecencia en comisión parlamentaria bastaría con que un grupo lo pidiese-se entiende que, en este caso, lo haría el PdeCAT- pero después tendría que ser aprobada. En el caso de la Comisión Constitucional, el reparto de fuerzas lo hace a priori imposible, ya que el PP cuenta con dos representantes y PSOE, Ciudadanos y Podemos tienen uno cada uno. El voto contrario de PP y Ciudadanos sería por tanto suficiente para tumbar la propuesta.

No obstante, la fórmula obligaría a los partidos a retratarse, en especial, al PSOE, en un momento tenso en sus relaciones con el Gobierno por la cuestión territorial.  El nuevo secretario general del PSOE tendría que hacer equilibrios para, por un lado, mantener su rechazo al referéndum ilegal-como se comprometió con el propio presidente del Gobierno-y, por otro, aceptar un debate sobre el tema catalán. Sánchez ha reprochado con insistencia al Ejecutivo su negativa a un diálogo con Cataluña y le ha afeado de preferir «vivir en el conflicto» que buscar una «solución pactada» con el Gobierno catalán.

La solución de los convergentes es rechazada de plano por el PP, que alega que, en cualquier caso, una comparecencia en Comisión tendría que ir también acompañada de votación. Fuentes ‘populares’ insisten en que la única fórmula es que Puigdemont lleve al Pleno del Congreso una proposición de ley sobre la que habrían de pronunciarse los diputados. Entre tanto, Podemos apoyaría la propuesta de que el presidente catalán «comparezca donde sea», según fuentes de esta formación.

Otra de las posibilidades sería que Puigdemont ofreciese una conferencia en una de las salas del Congreso, fórmula que no implicaría debate con el resto de partidos. En este caso, la sala podría ser reservada por su grupo y Puigdemont acudiría como invitado. Sería, no obstante, una solución muy marginal.  

La carta sigue sin llegar

El Congreso no tomará ninguna decisión sobre el formato en tanto en cuanto la presidenta Ana Pastor no reciba la carta en la que Puigdemont solicita un debate, y que anunció el pasado viernes.

En fuentes de la presidencia se asegura que la carta no ha llegado todavía al Registro del Congreso, y por tanto, a las manos de Pastor. Los convergentes afirman que el pasado viernes remitieron ya un correo electrónico a la presidencia en el que se adjuntaba la misiva, que se ha conocido por los medios y creen que es «suficiente» para que se tome una solución al respecto. «Revisen la bandeja de entrada y el correo que se recibe», ha pedido la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté.

En la carta, Puigdemont solicita ir «lo más pronto posible» al Congreso de los Diputados para explicar su plan ilegal de convocar un referéndum de independencia el 1 de octubre.

En la carta, alega que le parece «importante que todos los diputados del Congreso puedan escuchar, en tanto que máximo responsable institucional de Cataluña, las razones por las cuales hemos llegado hasta aquí».

La Generalitat trata de evitar lo que, a sabiendas, es un debate condenado al fracaso. En el recuerdo están votaciones como la del Plan Ibarretxe,. «Aspiraciones legítimas y mayoritarias siempre han sido rechazadas, recortadas o incumplidas, ya sea en la Cámara que usted preside o en el seno del Gobierno. No parece razonable volver a formular propuestas que están destinadas a correr la misma suerte», dice en la carta.

El reglamento del Congreso solo contempla esta posibilidad cuando se defiende una proposición de ley que parta de un Parlamento autónomo o una propuesta de reforma del Estatuto, siempre y cuando posteriormente ese debate derive en una votación.

Moncloa respondió de inmediato a la carta advirtiendo a Puigdemont de que «no puede condicionar ningún formato parlamentario”. En un comunicado, el Ejecutivo reclamó al dirigente catalán que no ponga “obstáculos” a la votación y le avisa de que es “la forma en que los legítimos representantes de la soberanía nacional expresan su posición política sobre los asuntos que afectan al conjunto del pueblo español”.