No hay indicios de que Gallardón conociera los detalles de la compra de Inassa según Anticorrupción

Anticorrupción no ha encontrado indicios de que, al emitir su voto, Alberto Ruiz Gallardón «conociera» los detalles de esta operación de compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, una de las operaciones investigadas dentro del caso Lezo. Por tanto, según la Fiscalía, Gallardón tampoco podía conocer «el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría».

Esta ausencia de indicios sobre lo que Gallardón podía conocer a la hora de aprobar la compra es la razón esgrimida por la Fiscalía Anticorrupción para eximir al ex presidente de la Comunidad de Madrid de la responsabilidad penal en la compra en 2001 de la empresa colombiana.

Si el juez acepta esta petición, Gallardón, ministro de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy, dejaría de estar imputado, no así el también expresidente madrileño Ignacio González y Rodríguez Sobrino, que están investigados en otras piezas como la compra de la filial brasileña Emissao.

Anticorrupción también pide el archivo para otros miembros del Consejo de Gobierno que aprobó esa compra como el ex vicepresidente madrileño Manuel Cobo o Carlos Mayor Oreja, que también fue presidente del Canal de Isabel II.

A los que Anticorrupción sí pide procesar es a los 14 miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y ex consejero Pedro Calvo; el ex consejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero del Canal hasta 2015.

El resto de los investigados son cinco trabajadores de Triple A de Barranquilla vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar), y que, según la Fiscalía, «llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación».

Fueron, dice el escrito, quienes realizaron las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real y a cambio recibieron un porcentaje de Inassa.

Consiguieron que Agbar vendiera su participación en Inassa a la panameña Saa, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos de Inassa y para conseguirlo «ocultaron a Agbar que a principios del año 2000 habían iniciado negociaciones con el alcalde del Distrito de Barranquilla para que prorrogara la concesión a Triple A por otros 20 años, hasta el año 2033, lo que lograron en mayo de 2000».

Tras la venta de Agbar, iniciaron un proceso de licitación para vender la sociedad Saa, titular del 75% de Inassa y del 51% de Watco SA, que culminó a principios de 2002 con su venta al Canal «por un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como sus socios colombianos locales».

En ese proceso, al que se vinculó el Canal asociándose con la empresa Tecvasa -sociedad en la que los investigados eran socios minoritarios- actuaron el que fuera director económico y de desarrollo comercial del Canal, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, entonces subdirector de Nuevos Negocio, por lo que la Fiscalía cree que también deben ser procesados.

Ambos, añade el escrito, «elaboraron un dossier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa se iba a realizar a través de la panameña Saa, propietaria también del 51% de Watco SA, detrás de la cual se encontraban los investigados ex trabajadores de Agbar».

La actuación de estos dos investigados contó «con el beneplácito» de Arturo Canalda González -director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001-«, quien, «conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación -la interposición societaria y el sobreprecio-«, la presentó a los consejos de administración correspondientes para obtener autorización.

Para la Fiscalía fue también decisiva la actuación de los miembros del Consejo de Administración del Canal, que autorizaron la compra en noviembre de 2001, «a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar».

Con esta autorización y la que obtuvieron del Consejo de Gobierno, López Heras, en representación de Canal Extensia firmó el acuerdo de compraventa, por la que la Fiscalía calcula que el Canal abonó indebidamente de ese sobreprecio un importe comprendido entre 17 y 29 millones de dólares.

«De los fondos pagados, una cantidad aproximada de 10.000.000 euros se recibieron por los investigados ex trabajadores de Agbar, desconociéndose el destino final dado al resto del precio abonado», indica el escrito, que considera que estos hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado.