Montero obligará por ley a incluir «referentes positivos LGTBI» en los libros de texto

La conocida como ley trans, la norma que permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años sin informes médicos ni psicológicos, y que el Gobierno quiere aprobar a la vuelta del verano, prevé obligar a las distintas comunidades autónomas a «fomentar la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares».

Según el texto, impulsado por Irene Montero, se incluirán estos contenidos «de manera natural, respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades». Asimismo, el Gobierno «incluirá el conocimiento y respeto a la diversidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI».

Desencuentros

La norma ha ocasionado numerosos desencuentros en el seno del Gobierno de coalición y también con el propio colectivo feminista. Entre otras medidas, el nuevo procedimiento para el cambio de sexo acorta el trámite exigido hasta ahora, por el cual era preciso que la persona recibiese un diagnóstico médico o psicológico. Además, debía haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años.

Con la ley impulsada por Irene Montero, los menores de entre 14 y 16 años podrán hacerlo, aunque deberán estar asistidos por su padre, madre o tutor legal. No necesitarán, de todas formas, ni los informes ni la hormonación. En el caso de los menores de entre 12 y 14 años, será precisa la aprobación de un juez, que podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes. Además, el proceso será reversible en los seis meses siguientes.

La ley cuenta con el informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que considera que «contradice el derecho fundamental a la igualdad» y «discrimina a las mujeres». El documento explica que se propicia el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales».

Según los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que el anteproyecto legitime a los menores de edad de entre 14 y 16 años a solicitar la rectificación registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales «no cumple con el principio de especial protección de los menores de edad y, en términos de proporcionalidad, con la especial primacía de su superior interés». El CGPJ pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial.

La norma provocó serios enfrentamientos en el seno de la coalición, especialmente entre Irene Montero y la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que cuestionaba que la simple voluntad de la persona bastara para cambiar el sexo en el registro, aunque finalmente se impuso la postura de Igualdad.