Las feministas cargan contra Irene Montero por su Ley Trans: «Es un retroceso, una ley misógina»

Irene Montero feministas
Irene Montero, ministra de Igualdad.

La gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad no contenta ni a los movimientos feministas en los que Podemos se ha apoyado para llegar al poder. Este sábado, medio centenar de organizaciones feministas han convocado movilizaciones contra le Ley Trans impulsada por Montero. «Es un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres», aseguran estos colectivos, muy críticos con la gestión del Gobierno socialcomunista.

El próximo 29 de junio el anteproyecto de la Ley Trans se aprobará en el Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el texto no convence ni a las propias feministas que, en su momento, jalearon e impulsaron la llegada de Irene Montero a Igualdad. Ahora, decepcionadas con la podemita, cargan contra su gestión y la del Ejecutivo socialcomunista.

Estos colectivos agrupados en la denominada Confluencia Movimiento Feminista señalan al Gobierno que, recuerdan, se «autodenomina» el «más feminista de la historia» y a su juicio «está transformando las leyes contra la agenda feminista» por la que llevan «luchado durante los últimos 300 años».

«Ante la inacción cómplice de la Presidencia del Gobierno, el ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres», asegura la Confluencia, que también pone el foco en las comunidades autónomas que han aprobado leyes sobre los derechos trans. Esta situación, indican, les ha llevado a «tomar las calles».

Las leyes Rodhes y Celaá

En esas movilizaciones reclamarán la derogación de todas las leyes trans existentes en el territorio español en las que se «sustituye la categoría jurídica ‘sexo’ por ‘identidad de género’».

Además, quieren frenar la Ley LGTBI, o la conocida como Ley Zerolo (de Igualdad de Trato y No Discrominación) que «introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se equivoquen en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros».

También llaman a derogar las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la recién aprobada Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia) y algunas disposiciones de la Ley Celáa (LOMLOE), que, en su opinión, «generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en igualdad».

Otra de las organizaciones feministas que denuncia el daño de las normas trans a las mujeres, la organización Contra el Borrado de las Mujeres, ha advertido de que, si el Gobierno da luz verde a una ley trans con autodeterminación de género estará apoyando «una ley misógina» que «destroza» los derechos de las mujeres y que estará «rendida a los deseos de los varones».

La ex diputada socialista y activista Ángeles Álvarez, ha señalado, además, a los «grandes medios de comunicación» que, a su juicio, «están jugando un papel preocupante» al «ocultar información sobre la deriva hacia la nueva misoginia». «Obstaculizar el acceso a información sobre el impacto de las leyes es contrario a los principios éticos de la profesión periodística», ha escrito en redes sociales.

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