La Diputación de Badajoz asciende a un abogado de los condenados en el ‘caso David Sánchez’

La Diputación de Badajoz ha oficializado el ascenso de Francisco Alejandro Mendoza Sánchez, letrado defensor de dos de las personas condenadas en el juicio por la contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial.

Mendoza Sánchez, que ha ejercido como letrado del ya ex presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, ha pasado de ocupar la plaza de Letrado Coordinador del Gabinete de Asuntos Judiciales en comisión de servicios, de carácter temporal, a hacerlo por libre designación, con carácter definitivo. La resolución se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de este 3 de agosto.

El nombramiento consolida en el cargo a un profesional cuyo recorrido en la Diputación ha estado marcado por una sucesión de coincidencias con personas vinculadas al mismo proceso judicial.

Mendoza Sánchez, ex delegado del Gobierno en Extremadura, había accedido por primera vez a este puesto en comisión de servicios con efectos desde el 1 de agosto de 2024, según consta en la documentación oficial de la Diputación.

Aquella primera adjudicación, de carácter provisional, ha sido ahora sustituida por un nombramiento definitivo tras la convocatoria resuelta por el procedimiento de libre designación, que según la resolución del Boletín Oficial del Estado, buscaba proveer, entre otras plazas, «un puesto de Letrado/a Coordinador/a del Gabinete de Asuntos Judiciales, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica».

Valoraciones cruzadas

El itinerario administrativo de Mendoza Sánchez se ha entrelazado en los últimos dos años con el de otra figura: Cristina Natalia Correa Cruz, testigo propuesta para el juicio contra David Sánchez y el propio Gallardo.

La documentación de la Diputación certifica que, el pasado 9 de enero de 2026, la institución hizo pública la lista de admitidos a una convocatoria de comisión de servicios para el puesto de Letrado/a del Gabinete de Asuntos Judiciales, en la que figuraba como aspirante Cristina Natalia Correa Cruz.

La Comisión de Valoración llamada a resolver aquel proceso selectivo, según el mismo documento, ha estado compuesta como «Titular: Francisco Mendoza Sánchez».

Es decir, el mismo letrado que ahora ha logrado su plaza fija formó parte del tribunal que, meses atrás, dio entrada a Correa Cruz en el Gabinete de Asuntos Judiciales.

Este periódico ha tenido acceso a documentación que apunta a que la relación se remonta más atrás: en la comisión de valoración de 2024 que resolvió la convocatoria en la que Mendoza Sánchez obtuvo su primera plaza en comisión de servicios habría estado presente, entre otros vocales, la propia Correa Cruz.

Ambos letrados se habrían avalado mutuamente en procesos administrativos separados por apenas dos años, una suerte de alianza compartida y sostenida en el tiempo.

OKDIARIO ya adelantó en marzo de este año que la Diputación premia con puestos directivos a los testigos clave propuestos para el juicio de David Sánchez, y añadió que Mendoza Sánchez había sido delegado del Gobierno en Extremadura y había ejercido como abogado en la causa del hermano del presidente y del ex presidente Gallardo.

Origen del caso

El trasfondo de este nombramiento hay que buscarlo en la sentencia dictada el pasado julio por la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, tras concluir que la Diputación le creó una plaza a medida.

Junto a David Sánchez, la Audiencia ha condenado también al ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, así como a otros nueve altos cargos y funcionarios de la institución provincial, entre ellos Cristina Núñez Fernández y Félix González Marcos, ambos defendidos en el proceso por el propio Mendoza Sánchez.

La causa judicial no es el único episodio de nepotismo que ha salpicado a la Diputación pacense. El Tribunal Supremo confirmó el pasado mayo la anulación del nombramiento como funcionaria de la nuera de Mendoza Sánchez, tras detectarse irregularidades en la corrección de su ejercicio selectivo.

El fallo judicial contra David Sánchez y Gallardo ha generado también reacciones políticas de calado. Desde el Partido Popular se ha insistido en que nadie está por encima de la ley, mientras que desde Vox su portavoz ha llegado a calificar a los implicados de «chorizos, cacos y ladrones». En el PSOE, por su parte, se ha defendido la inocencia de los procesados hasta que la sentencia sea firme.

La Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, no ha explicado hasta el momento si existe algún protocolo para evitar que letrados y testigos de una misma causa penal se examinen entre sí en los procesos internos de selección de personal. Mientras el banquillo aguarda sentencia firme para unos, el escalafón administrativo, paradójicamente, ya ha dictado la suya para otros.