Moncloa despachó con respuestas de ‘corta y pega’ los contratos que ahora investiga Anticorrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez despachó en el Congreso de los Diputados con respuestas de ‘corta y pega’, de forma claramente esquiva, las preguntas que la oposición le dirigió sobre los contratos de la pandemia por más de 300 millones de euros que ahora va a investigar la Fiscalía Anticorrupción.

El Ejecutivo socialcomunista no entró al fondo de las cuestiones que le plantearon los grupos parlamentarios de PP y Vox. Por ejemplo, a sendas preguntas de escritas ambas formaciones sobre los contratos en pandemia con la firma FCS Select Products, el Gobierno contestó en junio de 2020 de igual manera, calcando hasta nueve párrafos completos.

En concreto, el PP se interesó por el «proceso de selección establecido por parte del Gobierno para elegir a la empresa FCS Select Products S.L. para la adquisición de mascarillas quirúrgicas, guantes de nitrilo y gafas de protección para coronavirus COVID-19». Mientras que el partido de Santiago Abascal exigió «información acerca de la adjudicación a la mercantil FCS Select Products SL. de un contrato de 263 millones de euros por el Ministerio de Sanidad-INGESA, para el suministro de mascarillas, guantes y gafas de protección procedentes de China, así con medidas adoptadas para su selección».

Moncloa respondió con el mismo ‘corta y pega’, asegurando que se adoptaron «medidas para asegurar la calidad de los suministros realizados por el ministerio, tanto en origen como en destino». Sin embargo, evitó explicar el criterio seguido para la selección de la citada empresa intermediaria, como le reclamaron PP y Vox. El Ejecutivo se limitó a decir que «en el caso de los productos procedentes de China, se trabaja con un listado de proveedores avalados por el Gobierno chino», pero no hizo alusión a la firma adjudicataria del suministro.

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar estos contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

En relación al caso de FCS Select Products SL, el fiscal señala que los medios de comunicación apuntan como causa de la adjudicación de los contratos la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Y añade que además concurren otras circunstancias. Por ejemplo, que su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- no tiene relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros mientras que en 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas. Recuerda igualmente el fiscal jefe Anticorrupción que la administradora de la empresa, M.D.C, fue condenada en 2016 por un delito de estafa.

Elementos de yeso

Los mismos nueve párrafos de la respuesta a PP y Vox sobre FCS Select Products SL los volvió a reproducir el Gobierno el mismo mes de junio al ser preguntado por la formación de Abascal por otra de las empresas que ahora serán investigadas por la Fiscalía Anticorrupción: Hyperin Grupo Empresarial SL, adjudicataria de un lote de 144 respiradores.

«¿Considera el Gobierno que una empresa que se dedica a la fabricación de elementos de yeso es competente para suministrar material sanitario?», planteó la tercera fuerza del hemiciclo. «¿En qué fecha se concedió por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la autorización a esta empresa para importar material sanitario?», agregó Vox.

En cuanto a Hyperin Grupo Empresarial, el Ministerio Público recalca que, según la denuncia del PP, su objeto social es la fabricación de yesos, por lo que no existe tampoco correlación alguna con el suministro de dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Junto a ello, hace alusión a una «falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad»

Recuerda también el escrito del fiscal que Sanidad adelantó el importe total del contrato que alcanzaba la suma de 3,3 millones de euros por 144 respiradores y que la compañía incumplió el contrato y está pendiente de reintegrar 1,8 millones.