El juez de Neurona acusa a Podemos de «mala fe» por tratar de engañarle con 50 GB de vídeos falsos

Rapapolvo del juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, a Podemos al que acusa de «mala fe» por tratar de engañarle con 50,1 GB de material falso para justificar los 363.000 euros de los fondos públicos desviados a la chavista Neurona Consulting SL. El instructor se muestra tajante en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO y afirma que los morados presentaron archivos que «nada tenían que ver» con la consultora mexicana con el fin de vulnerar el procedimiento. El partido que Gobierna con Pedro Sánchez está imputado en la causa y podría ser sancionado con hasta 6.000 euros de multa por intento de engaño.

Los podemitas acusaron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de «excederse» en la investigación y de acceder «indiscriminadamente al secreto de las comunicaciones» de trabajadores de la formación. Esta acusación la plasmaron en un escrito que se filtró a la prensa antes de remitirlo al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

Pero el juez desmonta la falsa acusación de Podemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El magistrado les recuerda que la testigo Karin de los Ángeles Gajardo, que trabajó para Podemos durante las elecciones generales del 28 de abril de 2019, dio su consentimiento expreso para que se analizara una conversación a través de la aplicación de mensajería Telegram con un supuesto trabajador de Neurona, Carlos Portillo. Según la testigo, esta persona era quién le enviaba los vídeos electorales –por los que se pagaron 363.000 euros públicos– para que luego se subieran a las redes sociales del partido.

La trabajadora de Podemos, según expone el juez, había consentido voluntariamente el acceso a su teléfono móvil para la extracción de los vídeos, indicando dicha testigo que había «…hecho previamente una selección para retirar los que ha considerado personales, eliminando los mensajes de carácter personal y de estrategia a nivel político».

Seguidamente, el magistrado ordenó a la UDEF que emitiera un informe sobre el análisis de la información de dichas comunicaciones. Podemos recurrió dicha decisión, pero le fue denegada. El partido morado, a sabiendas de que los agentes realizaron una diligencia ordenada por el instructor, presentaron un escrito acusando falsamente a los policías de extralimitarse en sus funciones. Un documento que horas antes de estar en el Juzgado se filtró a algunos medios con el fin de «desprestigiar» a los investigadores, según explican fuentes consultadas por OKDIARIO.

La «mala fe» de Podemos

El juez, además de aclarar a Podemos que la UDEF realizó un informe a petición previa de su Juzgado, aprovecha para expresar que los 3.236 archivos y 165 subcarpetas –con un tamaño total de 50,1 GB– aportados por los morados para justificar el desvió de fondos públicos «nada tenían que ver con el trabajo realizado» supuestamente por los empleados de la consultora mexicana. Y añade que eso dio lugar: «A un trabajo tan ímprobo como innecesario» para los agentes que tuvieron que analizar de manera exhaustiva cada uno de los documentos.

Entiende el instructor que se «realizó en el legítimo ejercicio de su derecho a la defensa, pero que en todo caso resulta expositivo de una clara mala fe en su presentación». La vulneración de la buena fe procesal puede ocasionar la imposición de una multa de 180 hasta 6.000 euros, de acuerdo al artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Informe de la UDEF

En el análisis de las conversaciones mantenidas entre Carlos Portillo y Karín de los Ángeles a través de la aplicación de mensajería de Telegram, la UDEF detectó que Podemos pagó a la consultora chavista 363.000 euros de los fondos electorales por 57 archivos. Es decir, a 6.000 euros por cada pieza. Los agentes analizaron el material electoral que la formación de Pablo Iglesias utilizó para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Los agentes realizaron una valoración en su informe sobre la relación calidad-precio de estos trabajos realizados supuestamente por Neurona porque, manifestaron, «no compete a esta unidad determinar el valor obrante de los archivos».

La UDEF también señaló en su informe que «en el chat de Telegram, a través de la cadena de transmisión de archivos creada, Carlos Portillo envía 8 archivos y reenvía otros 34 más que recibe de usuarios que se identifican en esta aplicación de mensajería con los nombres de Liz Valdés, Carlos Alcázar, Jezs Lora, Martín Moya y Orlando González». Añadió: «No se ha podido confirmar el vínculo existente laboral, si lo hubiere, entre estas personas, desplazadas a España, y Neurona».