La UDEF concluye que Neurona no hizo los trabajos contratados por Podemos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez un nuevo análisis de los vídeos aportados por Podemos a la Justicia para justificar los 363.000 euros desviados desde las cuentas electorales de 2019 de la formación morada a la consultora chavista Neurona. La Policía concluye que «en la documentación aportada no consta ningún proyecto, memoria, dosier o ‘bitacora’ en el que se detalle el trabajo realizado por la empresa, tal como se refleja en el contrato, ni el logotipo o anagrama de la empresa Neurona Comunidad S.L. o de la mercantil subcontratada Creative Advice Interactive Group». Por tanto, Podemos no ha podido acreditar que la consultora trabajara para ellos en la campaña de las elecciones generales del 28A.

En un informe de 92 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO, los agentes indican, en base a la documentación entregada por Podemos, que «en la gran mayoría de los archivos analizados se desconoce el autor». En todo caso, donde sí figura «la mayor parte de los autores tienen una relación próxima a la formación política Unidas Podemos». «Por lo tanto, se trata de archivos cuyos autores serían ajenos a la empresa contratada para la realización de los trabajos [Neurona Comunidad S.L.]. En los restantes autores identificados, no ha podido ser constatada ninguna relación laboral o contractual con la empresa adjudicataria», señalan.

Además, la UDEF de la Policía Nacional ha comprobado que los vídeos y las facturas «no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque están fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido éste no corresponde con tal fin».

A continuación se subraya otro error. «Una gran cantidad de archivos no se ajustan por el contenido a la finalidad del contrato». Es decir, Podemos aportó al juez Juan José Escalonilla archivos que nada tenían que ver con la campaña por si colaba. «Una vez visto el producto en su globalidad, esto parece tener otro fin que no es el de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Esto se ve reforzado por los vídeos que han sido aportados y que tienen la cabecera o el cierre de la campaña de las Elecciones a la Asamblea de Madrid del 26 de mayo con Isabel Serra Sánchez como candidata y no a las elecciones generales del 28 de abril». También hay imágenes como «un cartel publicitario de las elecciones de 2016».

En este contexto se agrega que varios de los archivos «corresponden con capturas o descargas de programas de televisión» y otros «son archivos repetidos en varias ocasiones». Por tanto, Neurona no es el autor de dicho material.

Por su parte, la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional también analizó este material. Ahí los investigadores concluyeron que parte del material proporcionado por la formación morada al juez fue creado siete años antes de la campaña electoral. Además, en buena parte de los vídeos, documentos e imágenes aparecen como «autores» personas que no trabajan en la consultora chavista.

Ese análisis subrayaba: «Se han analizado un total de 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos». Con respecto a las imágenes: seis fueron creadas en 2012, otras seis en 2016, 85 en 2018, 525 en 2019 y 10 en 2020. Con respecto a los vídeos, aparecen dos de ellos realizados en abril de 2018, un año antes de las elecciones para las que Neurona fue contratada. También aparecían documentos creados en 2016, 2018 y 2020.

Ahora, la UDEF coincide en esta observación y agrega: «En algunos [archivos] la fecha de creación que figura en los metadatos está fuera del plazo establecido, y por ese motivo los archivos no tendrían esa finalidad que no debería ser otra que las elecciones generales del 28 de abril de 2019».

Hay que destacar que Podemos modificó 48 vídeos de las 304 filmaciones creadas supuestamente por Neurona, el 26 de enero de 2020. Esto representa el 17% del material audiovisual aportado por la formación liderada por Pablo Iglesias al juzgado que investiga el caso Neurona.

Otro detalle clave con el que la UDEF cierra el informe es el siguiente. «Por último cabe señalar que en el contrato presentado por las partes, figura una disparidad de fechas. Las firmas electrónicas son con fechas posteriores a la finalización de la prestación y una vez el contrato ya se encontraría vencido», exponen los investigadores.