Montero presiona para que los fondos de la UE vayan a empresas que usen el «lenguaje inclusivo»

El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, ha elaborado unas guías dirigidas a las administraciones públicas para incorporar la «perspectiva de género» en el reparto de los fondos del plan de recuperación. En las recomendaciones se propone, por ejemplo, incluir «cláusulas que premien a las empresas o entidades que se comprometan a adoptar acciones de mejora de la igualdad entre hombres y mujeres que superen las exigencias legales». Entre esas cláusulas citan por ejemplo «el uso de lenguaje inclusivo». Otras medidas serían que la empresa imparta cursos de igualdad a sus empleados, que disponga de un protocolo de violencia de género o que cuente con «una persona responsable de igualdad».

El llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia canalizará hacia España 140.000 millones de euros de fondos comunitarios hasta 2026, destinados a apoyar los proyectos para la recuperación de la crisis económica tras la pandemia.

Igualdad se queja de que «del total de inversiones, se estima, a priori, que poco más de una cuarta parte generarán un impacto directo sobre la reducción de las brechas de género». Sin embargo, añade que «el resto de actuaciones tiene el potencial de hacerlo, ya sea de forma indirecta o a través de la transformación de los sectores productivos sobre los que actúen». Por tanto, consideran «necesario que estas actuaciones incorporen efectivamente desde el momento de su diseño la perspectiva de género».

El Ministerio destaca la dificultad para introducir esa perspectiva en proyectos generales como los «relacionados con la transición ecológica, la transformación digital o la cohesión territorial». Por ello, su solución pasa, entre otras medidas, por contar en el proceso de preparación de las convocatorias de ayudas con apoyo de personal técnico «especializado en igualdad» y que se encargue de redactar las cláusulas.

Con esas cláusulas, Montero propone premiar a aquellas empresas que cuenten con «una presencia equilibrada de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados de al menos un 40% del sexo infrarrepresentado».

Para la selección de los proyectos por parte de la Administración, Igualdad propone que exista también «una presencia equilibrada de mujeres y hombres» en las «comisiones evaluadoras», y promover en todo caso la participación de mujeres, «sobre todo en aquellos sectores o sistemas en los que estén subrepresentadas».

Los proyectos, además, deberán contar con mecanismos para asegurar el cumplimiento de las cláusulas de género. La Administración se mantendrá también vigilante.

El Ministerio de Igualdad pone varios ejemplos de la discriminación que, a su juicio, se soporta en determinados ámbitos. Así, por ejemplo, señalan «la mejor confianza en sus competencias digitales por parte de las mujeres jóvenes y un menor interés de éstas en ocupar puestos de trabajo en el sector digital». O que «el sistema de cuidados recae aun fundamentalmente en las mujeres: ellas son las que cuidan, las que dejan de trabajar y de tener ingresos propios y las que, cuando se dedican profesionalmente a las labores domésticas de familias que no son las suyas, están sujetas a condiciones laborales y de protección social no compatibles con un empleo digno».

Polémica con el «lenguaje inclusivo»

La ministra de Igualdad ha defendido hasta límites polémicos el uso del «lenguaje inclusivo» y no ha dudado en referirse, por ejemplo, a «todos, todas y todes» o al «hijo, hija e hije».

Un gesto, consideró, hacia el colectivo LGTBI. Ante las críticas, Montero defendió que «lo que no se nombra no existe».

La ministra afirmó que estará «del lado de un lenguaje que haga sentir a todas las personas que son importantes y que existe un compromiso con ellos, ellas y elles».