El Gobierno usa a la Abogacía del Estado para acusar a la juez de Plus Ultra de buscar su culpabilidad

La Abogacía del Estado sale en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y acusa a la juez del caso Plus Ultra, en el que se investiga el rescate a la compañía aérea, de realizar una «investigación prospectiva». En el escrito presentado por este organismo público, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los servicios jurídicos del Estado solicitan a la magistrada el archivo de las actuaciones.

El documento, firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane, acusa a la titular del Juzgado de Instrucción número 15, Esperanza Collazos, de «ordenar una investigación prospectiva sin que concurra ni se haya aportado ningún indicio delictivo».

Esta letrada vuelve a salir al rescate de Sánchez en una causa judicial. Ya lo hizo durante el juicio del procés cuando fue nombrada para sustituir a Edmundo Bal y rebajó la acusación contra los golpistas catalanes de rebelión a sedición. Fuentes consultadas por OKDIARIO lamentan que este cuerpo de élite de la Administración pública española vele por el Gobierno en lugar de salvaguardar el interés del Estado al que representa.

La juez decidió abrir diligencias en abril contra el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el rescate de la aerolínea «venezolana». El Gobierno de Sánchez concedió 53 millones a la compañía chavista sin cumplir los requisitos establecidos. Unas semanas después de abrir la causa, admitió a trámite una ampliación de querella presentada por los servicios jurídicos de Vox, adelantada por OKDIARIO.

El partido de Santiago Abascal solicitaba que también se investigase a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. en esta causa y a los miembros del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Este organismo está compuesto únicamente por el presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), en ese momento el vicepresidente Bartolomé Lora en funciones, y cuatro vocales: la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva (que dimitió el mes pasado); la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; la subsecretaria de Hacienda, María Pilar Paneque, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Vox se querelló contra los citados por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda pública por fraude de subvenciones y por tráfico de influencias.

Plus Ultra, imputada

Hasta el momento, el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid no había imputado a la joya de la corona en esta causa judicial: la aerolínea con capital venezolano. Sin embargo, Vox detalló en una amplia querella que tras analizar las cuentas de Plus Ultra, en pérdidas prácticamente desde su fundación en 2011, es «una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano».

Además, Vox subrayó que esta sociedad no cuenta con los requisitos necesarios para la concesión de la ayuda concedida por el Ejecutivo socialista. La juez admitió a trámite la querella fundamentada y desde ese momento también investiga a la compañía como persona jurídica.

«No es de recibo»

La Abogacía del Estado ha decidido en un inusual escrito atacar a la magistrada y señala que el «proceder por parte de este juzgado no es de recibo». Seoane se escuda en que «las informaciones periodísticas no son indicios» y que Vox ha interpuesto una querella basada en «opiniones gratuitas y sesgadas». Pero lo cierto es que el partido de Abascal expuso punto por punto los requisitos que no cumplió la compañía venezolana para recibir 34 millones de un préstamo participativo y 19 millones de un crédito ordinario.

Sin embargo, la Abogacía del Estado argumenta en su escrito de rescate a Sánchez que «la vinculación con Venezuela no se encuentra en ninguno de los requisitos de elegibilidad». Y, según fuentes judiciales consultadas, se contradice al asegurar que «es falso que la ayuda a Plus Ultra haya supuesto que no se haya ayudado a otras empresas» porque –añade– «cualquier empresa puede solicitar el apoyo financiero, su solicitud se analiza y si se cumplen los requisitos de elegibilidad, se hace la solicitud hasta que se agoten los 10.000 millones de euros destinados al Fondo». 

El organismo público plantea una batería de preguntas, sin ningún fundamento jurídico, en su escrito para acusar a la juez de realizar una investigación prospectiva. «¿Cuáles son los indicios de que se haya dictado un acto arbitrario a sabiendas de su injusticia cuando se cumplen todos los requisitos legalmente previstos y amparada la decisión del Consejo Gestor por unos informes técnicos tanto de la administración (AESA y DGAC) como de expertos independientes que avalan tal cumplimiento?; ¿Cuáles son los indicios de que mi defendido el Sr. Lora ni el Consejo Gestor haya infringido las facultades que la regulación del Fondo les atribuye excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado?; ¿Cuáles son los indicios de que el Sr. Lora y el Consejo Gestor en provecho propio o de un tercero, recibieren o solicitaren, por sí o por personas interpuesta, dádivas, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo?; ¿Cuáles son los indicios del tráfico de influencias?»