Los altos cargos de Sánchez echarán la culpa a los técnicos de la SEPI para librarse en Plus Ultra

Los altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo cuatro secretarias de Estado, denunciados por malversación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de dinero público escurrirán el bulto de sus responsabilidades culpando a los técnicos de la SEPI que hicieron los informes que avalaron la operación. Por otro lado, Vox ha descartado personarse como acusación popular en la causa, así como la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), mientras que el PP no ha tomado una decisión al respecto. La presencia de esta figura es clave para que el proceso judicial llegue hasta el final.

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que no hay gran inquietud entre estos cargos. Para empezar, 11 de los 15 denunciados quedarán al margen porque la decisión de conceder ayudas no la toma el consejo de la SEPI, sino el consejo gestor del fondo de recate. Este está compuesto únicamente por el presidente de la SEPI (entonces Bartolomé Lora en funciones) y cuatro vocales: la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, la subsecretaria de Hacienda, María Pilar Paneque, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid ha cometido el error de abrir diligencias a todo el consejo de la SEPI, que tendrá que subsanar. Respecto a estos cuatro que sí pueden ser imputados, las fuentes explican que se escudarán en que ellos tomaron la decisión basándose en los informes que avalaban el rescate de Plus Ultra elaborados por los técnicos de la SEPI.

El Gobierno presionó a los técnicos para dar informes favorables

Ahora bien, eso es una ironía, porque el propio Gobierno ha presionado (y sigue presionando) a los funcionarios de la SEPI para que hagan informes favorables a los rescates decididos por motivos políticos, incluyendo el de Plus Ultra, como ha denunciado OKDIARIO. Estos informes no solo sirven para permitir operaciones que no deberían hacerse, sino que son la base para los informes de los asesores externos (Deloitte y Daiwa en el caso de la aerolínea), que no van más allá de lo que dice la SEPI. Por eso ponen un montón de disclaimers en los que dejan claro que su opinión se basa únicamente en los datos que les ha ofrecido la Sociedad.

En el caso de Plus Ultra, el informe original que la calificaba de estratégica y solvente es el de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que sostenía que esta minúscula compañía es crucial para el hub de la T4 de Barajas con Latinoamérica. Esa base, permitió a los técnicos de la SEPI y a los asesores externos cumplir la orden gubernamental de considerarla estratégica -con el disclaimer correspondiente-, a pesar de no compartir esa opinión a la vista de las evidencias en contra.

Además de esta excusa, la causa abierta por la jueza Esperanza Collazos se enfrenta a otro posible obstáculo muy importante: la ausencia de acusación. Las diligencias se abren a raíz de una denuncia de Manos Limpias, no de una querella, por lo que la decisión de abrir diligencias de investigación depende de la opinión del fiscal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado.

El PP se personará en la causa

José González Cussac, catedrático de derecho penal de la Universidad de Valencia, explica que, «según el criterio del fiscal tras ver el expediente, el juez o bien abre diligencias de investigación y pide más documentación y declaraciones, o decide el sobreseimiento provisional. No hay partes, es una denuncia». Ahora bien, «sí puede haber partes si cualquiera que se sienta víctima se persona como acusación particular o si entra la acusación popular, para lo que debe cumplir unos requisitos».

La acusación popular debe personarse mediante querella y puede hacerlo desde ya. Esta mañana, Pablo Casado ha confirmado que el PP lo hará debido a que las relaciones de Plus Ultra con el régimen venezolano de Nicolás Maduro le hacen sospechar de malversación de fondos públicos. El PP solicitó una comisión de investigación en el Congreso que fue rechazada por PSOE y Podemos.

Estar personado tiene la gran ventaja en este caso de que da acceso al expediente del rescate que el Gobierno ha negado a los grupos que lo han pedido en el Congreso. «Para que te den cartas en el juego, tienes que ser parte», concluye Cussac.

Lo más lógico es que se persone un partido político, como el PP. Vox no piensa hacerlo porque ya ha presentado una querella contra el Gobierno y la SEPI ante el Tribunal Supremo por el caso Plus Ultra.

En cuanto a la acusación particular, los perjudicados más evidentes son las demás aerolíneas. Sin embargo, ALA (Asociación de Líneas Aéreas) ha confirmado que no va a personarse en este procedimiento.