PSOE-Podemos

El Gobierno de Sánchez dispara las okupaciones: admite un 41% más de delitos y faltas que en 2018

Ley de Vivienda
Intervención policial en un desalojo.
Segundo Sanz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido en una respuesta parlamentaria al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados que los delitos y faltas relacionados con la okupación se han disparado un 41% desde finales de 2018, año en que los socialistas llegaron al poder.

En concreto, Moncloa admite que en el ejercicio de 2021 se registraron 17.274 denuncias por okupación de inmuebles, esto es, 5.060 más que al cierre del año 2018, cuando hubo 12.214. Se trata, por tanto, de un incremento de un 41,4% que prueba cómo el fenómeno ha aumentado considerablemente desde que Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno en 2018 gracias a Podemos y después con la puesta en marcha del Ejecutivo socialcomunista.

El pasado 10 de febrero Vox preguntó al Gobierno por «el número de viviendas ocupadas ilegalmente en España en la actualidad», con un desglose por provincias, y por la «previsión» que tiene el Ejecutivo para el año 2022. Por su parte, Moncloa ha contestado a la tercera fuerza del país con un listado de los «hechos relacionados con la ocupación y conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde el año 2011 y con el desglose interesado, significando que no existen datos disponibles sobre estimaciones futuras de este tipo de hechos».

El informe revela que sólo en los dos primeros meses de 2022, enero y febrero, hubo 2.700 delitos y faltas en España relacionados con la okupación de inmuebles. Es decir, casi 46 al día, mientras que en el año 2021 hubo 47,3 denuncias diarias.

Endurecer las penas

El pasado abril, el PSOE y sus socios de la mayoría Frankenstein votaron en contra de una iniciativa legislativa de Vox en el Congreso que exigía endurecer las penas de prisión para los okupas y que los desalojos policiales sean inmediatos. En esta caso, como ya hicieran con un texto similar del PP en febrero de 2021, los socialistas, Podemos y sus aliados rechazaron la toma en consideración de una proposición de ley de Vox en este sentido.

La formación de Santiago Abascal aboga por «sancionar con más dureza» la okupación y propone penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios, y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación. En este último caso, los populares pidieron que las penas actuales (de uno a dos años) aumenten de uno de tres. El Grupo Popular apoyó la iniciativa de Vox prometiendo que haría enmiendas a fin de poder legislar contra el creciente fenómeno de la okupación.

Sin embargo, el PSOE, de la mano de Podemos, nacionalistas, separatistas y proetarras, se opusieron a la toma en consideración de la iniciativa esgrimiendo que las medidas planteadas por Vox serían un «castigo desproporcionado» para los okupas y generarían «inseguridad jurídica» a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según declaró en la tribuna la diputada del PSOE Gemma Araujo.

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