Los propietarios piden a Sánchez recurrir la ley catalana que paga un alquiler social a okupas

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve al Tribunal Constitucional la ley catalana antidesahucios aprobada este miércoles por el Parlament. Esta norma -que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC- obliga a los propietarios a dar alquiler social a los okupas.

La asociación considera que con esta aprobación se continúa con el amparo de la Administración Pública a la okupación de inmuebles, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva. «Esto genera un efecto llamada a la okupación ilegal, un fenómeno delictivo especialmente acuciante en Cataluña, donde se registran más del 50% de los casos totales de 2021. Cada día en España se registran más de 40 casos de ocupación al día», aseguran desde Asval.

Asimismo, la patronal asegura que esta ley atenta «contra el derecho de propiedad privada», al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. De igual forma, la asociación considera que «se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española».

¿Qué contempla la ley?

Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Además, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.