El PSOE y sus socios ven un «castigo desproporcionado» elevar las penas de prisión a los okupas

El PSOE de Pedro Sánchez y sus socios de la mayoría Frankenstein han vuelto a frenar una iniciativa legislativa en el Congreso que exige endurecer las penas de prisión para los okupas y que los desalojos policiales sean inmediatos. En esta caso, como ya hicieran con un texto similar del PP en febrero de 2021, los socialistas, Podemos y sus aliados han rechazado la toma en consideración de una proposición de ley de Vox en este sentido.

Los de Santiago Abascal abogan por «sancionar con más dureza» la okupación y proponen penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación. En este último caso, los populares pedían que las penas actuales (de uno a dos años) aumentan de uno de tres. No obstante, el Grupo Popular ha apoyado la iniciativa de Vox -en la que introduciría cambios- a fin de que se pueda legislar contra el creciente fenómeno de la okupación.

Sin embargo, el PSOE, de la mano de Podemos, nacionalistas, separatistas y proetarras, se ha opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley esgrimiendo que las medidas planteadas por Vox serían un «castigo desproporcionado» para los okupas y generarían «inseguridad jurídica» a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha señalado la diputada del PSOE Gemma Araujo desde la tribuna.

Durante la defensa de su iniciativa, la portavoz de Vivienda de Vox en la Cámara baja, Cristina Esteban, ha relatado el caso de Mari Carmen Serra, una mallorquina que no tuvo más remedio que mudarse con su hermana tras la okupación de su vivienda y a la que le llegaron a notificar el embargo de la nómina para cubrir los recibos de la luz de dicho inmueble. La diputada de Vox ha continuado leyendo el testimonio de Mari Carmen, que fue amenazada con una denuncia por acoso si se acercaba por su vivienda.

Derramas, luz…

Esteban también se ha referido a otro caso, el de Pilar y su vivienda en Torrevieja de 60 metros cuadrados.»¿Conocen sus señorías el caso de Pilar?», se ha preguntado Esteban. «Si no lo conocen, es porque no la han querido escuchar. Porque ella sí ha pedido reunirse con todos los grupos y ha venido a manifestarse al Congreso con la Plataforma de afectados por la Okupación y la Inquiokupación», ha señalado la diputada de Vox.

«Pilar, por fin, acaba de recuperar su casa y ha gastado 22.300 euros en mantener 950 días a unas okupas en su casa. Además de pagar la comunidad y el IBI, ha tenido que hacer frente a una derrama: Derramas, luz, agua, plusvalías, cerrajero, arreglar los destrozos varios… Procuradores, abogados, hasta tres cancelaciones de lanzamientos, noches sin dormir…», ha lamentado Esteban, denunciando la «okupación amparada por el Gobierno» socialcomunista.

Ineficacia

«El testimonio de Pilar evidencia la ineficacia de los legisladores: ¡Qué vergüenza tendría que darles! No son capaces de proteger a los ciudadanos de bien, que son quienes confían en nosotros y quienes pagan con su esfuerzo unas administraciones que se ríen en su cara», ha lanzado la diputada de Vox a la bancada de la izquierda del hemiciclo.

En su proposición de ley de reforma del Código Penal, Vox sostiene que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles «no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por falta de cobertura legal», añade la formación de Abascal.

Además, el texto de Vox rechazado por la Cámara baja plantea que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desalojar a los okupas que se encuentren en el interior de un inmueble «si, mediando denuncia o querella, existiera apariencia de usurpación u ocupación ilegítima», así como «aquellos no dieran razón suficiente que legitimase su conducta». Todo ello, «a efectos meramente preventivos» y sin resolución judicial previa, que sería siempre «ulterior» a la actuación policial para adoptar las medidas pertinentes.