El Gobierno se comprometió por escrito a respetar a los jueces que rebajasen penas por la Ley Montero

El Gobierno aseguró por escrito en el Senado que no se pronunciaría sobre las posibles rebajas de condena por la conocida como Ley del sólo sí es sí, cuyas primeras consecuencias se han conocido estos días con la revisión de sentencias y excarcelación de varios delincuentes sexuales.

El Ejecutivo -que maniobra ahora a través de la Fiscalía para tratar de evitar las rebajas de condenas- respondía así hace menos de un mes -antes de estallar la polémica- a una pregunta remitida por el Partido Popular. «¿Es posible, aplicando la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del sí es sí, que se produzca una revisión de condena a la baja a agresores sexuales condenados, como es el caso conocido como La Manada?», trasladaron los senadores Patricia Rodríguez Calleja, María Adelaida Pedrosa Roldán y Sebastián González Vázquez, avanzando ya las posibles derivadas de la norma.

En su respuesta -firmada el pasado 24 de octubre- el Gobierno no sólo no negó esa posible «revisión de condenas a la baja», sino que aseguró que no se pronunciaría sobre las «interpretaciones» que los jueces hiciesen de esta ley, impulsada por Irene Montero, pero con la colaboración de hasta tres ministerios socialistas (Justicia, Interior y Política Territorial), y que fue firmada por el propio Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021.

«El Gobierno no emite opinión sobre las posibles interpretaciones que pueda dar el Poder Judicial a determinados preceptos, por impedirlo el más lógico respeto a la separación de poderes», zanjaron desde el Ejecutivo, sin negar en ningún caso una revisión de condenas a la baja.

Ofensiva

Tras conocerse esas primeras «interpretaciones», el Ministerio de Igualdad ha lanzado una ofensiva contra los jueces y la Fiscalía ha salido también en auxilio del Gobierno para tratar de evitar las rebajas, con un decreto en el que ordena a los fiscales cómo deben actuar ante las peticiones de revisión de las condenas, exigiendo que no se bajen aunque se haya reducido el mínimo que se pueda imponer por el delito.

La ministra Irene Montero ha sido la más dura contra los magistrados, a quienes ha acusado incluso de prevaricar y de «interpretar erróneamente la ley por su machismo». Desde la parte socialista, si bien se han rechazado esos ataques y se ha manifestado «respeto a la acción de los jueces», se les ha advertido también que «tienen que interpretar las normas conforme a su espíritu», deslegitimando así su autoridad.

El presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse sobre las críticas severas de sus socios al Poder Judicial y ha defendido la norma. Según Sánchez, la ley que excarcela a agresores sexuales «tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales», como aseguró este martes.

El socialista -que evita destituir a Montero pese al fracaso de la ley y sus ataques a la Justicia- ha confiado en que los jueces fijen un criterio. Sin embargo, como ha avanzado OKDIARIO, el Gobierno no verá culminado su objetivo de que sean los magistrados del Tribunal Supremo los que refrenden la norma. Fuentes del Alto Tribunal aseguran que si, una vez revisada la sentencia, los jueces que dictaron la sentencia original entienden pertinente la rebaja -de acuerdo con el actual marco legal- no tienen «margen de maniobra» para evitarlo.