La letra pequeña de la nueva norma

Llega la polémica Ley ‘sólo sí es sí’: sin consentimiento «claro y expreso» se considerará violación

Llega la polémica Ley ‘sólo sí es sí’: sin consentimiento «claro y expreso» se considerará violación
Manifestación por el 8 de marzo en Barcelona

El caso de ‘La Manada’ de Pamplona provocó toda una revolución social que desembocó en mareas feministas por toda España. Su caso hizo replantearse la terminología usada en las sentencias de abusos sexuales o agresiones sexuales y, sobre todo, el tema del consentimiento. Hoy, el Gobierno trata de regularlo todo con la Ley ‘sólo sí es sí’ y llega cargada de polémica.

Tras más de un año desde su aprobación como anteproyecto, el Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual. En esta noticia intentaremos destacar los aspectos más importantes que recoge y también los más controvertidos.

La nueva definición del consentimiento 

Uno de los puntos principales de la nueva ley ‘sólo sí es sí’ es la definición del consentimiento sexual. «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», señala la norma.

El consentimiento debe ser siempre positivo. El Ministerio de Igualdad defiende que esta fórmula está en la línea de la definición que da el Convenio de Estambul en su artículo 36.2. Eso sí, crea muchas dudas jurídicas. ¿Cómo se establece que es consentimiento y que no? La polémica está servida.

Mal redactada, precipitada, inexacta, inaplicable… Son algunas de las perlas con las que el mundo político ha calificado a la Ley de Libertades Sexuales de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Desde el ámbito jurídico las críticas han sido rigurosas, objetivas y técnicas pero no más benévolas. Tres juristas han analizado para OKDIARIO esta nueva ley.

Siempre será agresión y no abuso

Otro punto clave de esta nueva ley es que las víctimas «ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia». Esto significa que «todo acto sexual sin consentimiento será agresión» por lo que se «eliminan» los abusos sexuales del Código Penal.

Tercería locativa

La nueva norma pretende proteger a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa «todas las violencias, todas las mujeres».

La ley pretende actuar contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

Evitar la revictimización 

Uno lo de los mayores traumas que sufre una mujer víctima de una agresión sexual es la doble victimización. Que tenga que volver a rememorar todo durante el juicio. Esta ley pretende evitar esa revictimización con medidas de acompañamiento de las víctimas, declarar en salas especiales, evitar el contacto visual con su agresor…

Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas para las mayores de 16 años o las casas de infancia para menores de esa edad.

La brecha entre Podemos y el PSOE

La Ley ‘sólo sí es sí’ llega, al igual que la ‘Ley Trans’, tras una intensa trifulca entre los dos partidos que forman el Gobierno de España. Ambos querían regular el consentimiento y otros aspectos clave en los casos de agresiones a mujeres pero la norma propuesta por Montero era una chapuza para los socialistas.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se mostró muy crítico con la redacción de la norma y dijo que técnicamente esa ley no era viable. Sus palabras molestaron al ‘macho alfa’ Iglesias que llegó a decir que tras las excusas técnicas que se habían puesto a la ley de libertad sexual hay «mucho machista frustrado». Finalmente, han llegado a un punto en común y, tras un año, hoy ha sido aprobada en el Consejo de Ministros.

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