Ministerio de Igualdad

La ministra Irene Montero acusa a los jueces de prevaricar: «Están incumpliendo la ley por machismo»

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Gonzaga Durán

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se niega a asumir responsabilidades por haber impulsado la conocida Ley del sólo sí es sí, que está permitiendo que se reduzcan condenas a agresores sexuales. Es más, ha acusado a los jueces de prevaricar al, en su opinión, aplicar «forma defectuosa» esta nueva normativa. «El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley», ha asegurado Montero.

«Naciones Unidas nos alerta de que el machismo pueda hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé esta ley», ha afirmado Montero este miércoles en declaraciones a los medios.

La ministra podemita ha afirmado también que su Gobierno confía «en que se unifiquen los criterios para garantizar la protección de las mujeres tal y como establece la ley y que no haya impunidad para los agresores».

También ha acusado a los magistrados de «desproteger a las mujeres» por «no cumplir con la leyes feministas». «Nos preocupa, por supuesto, que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres», ha señalado Irene Montero.

«Pero confiamos en que no va a ocurrir así, que más bien al contrario, se va a cumplir con lo que ha querido el Ejecutivo y el Legislativo, y que lo que vamos a hacer en cumplimiento con el mandato del movimiento feminista es mejorar cada vez más la capacidad de las instituciones de garantizar todos los derechos para todas las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales», ha resaltado la ministra de Igualdad.

Ya lo advirtieron

Los jueces ya alertaron al Ministerio de Igualdad de que la ley conocida como del sólo sí es sí iba a acarrear rebajas de penas a abusadores y violadores, como ha comenzado a suceder. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en febrero de 2021, en su informe preceptivo sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.

Los magistrados plasmaban en su informe a lo largo de 150 páginas su visión sobre la Ley de sólo sí es sí. En particular, en el punto 241, el ponente del informe analizaba el cuadro penológico de la norma para los delitos de agresión sexual y advertía de que suponía «una reducción del límite máximo de algunas penas».

El CGPJ subrayó en su informe de la Ley de sólo sí es sí, que en el tipo básico de agresión sexual se establecía una pena de uno a cuatro años, mientras que la anterior lo marcaba en el margen de uno a cinco años. En caso de violación , la reforma legal prevé una pena de prisión de cuatro a 10 años, mientras que antes se penaba de seis a 12 años y en el caso de abusos sexuales con penetración con penas de cuatro a 10 años.

Lo mismo ocurre con los tipos agravados en agresión sexual que con la reforma van de dos a seis años, mientras que antes la horquilla era de cinco a 10 años. En cuanto al tipo agravado de violación, pasa de una horquilla de 12 a 15 a una pena de siete a 12 años.

El CGPJ en su informe afeaba que Igualdad en su proyecto legal «no ofrece una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos» y que efectivamente «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conformes la regulación vigente».

Los vocales que redactaron el documento afirmaron que «puede tener el efecto de desprotección a las víctimas». También explicaron que no estaban de acuerdo con la idea de la creación, en el artículo 178 Código Penal, de una única categoría delictiva de agresión sexual, que aglutinará lo que hoy constituyen dos categorías de tipos distintas, la de agresión sexual y la de abusos sexuales. En palabras de los ponentes, esa modificación «es un error».

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