El Gobierno ordena a los funcionarios volver gradualmente al trabajo sin asegurarles ni test ni mascarillas

Ni test, ni mascarillas, ni guantes. Así pretende el Gobierno que vuelvan al trabajo los empleados públicos que han estado confinados o teletrabajando. Las indicaciones han sido comunicadas a los empleados públicos por medio de una instrucción que hoy publica OKDIARIO. Y en ella el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Carolina Darias, organiza la vuelta presencial al trabajo de los cerca de 200.000 funcionarios en la Administración General del Estado (AGE). El problema es que la plantea sin las más mínimas garantías sanitarias.

La instrucción va dirigida a todos los departamentos ministeriales y organismos públicos de la AGE. Y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha mostrado ya su rechazo más absoluto al plan. Desde CSIF señalan que debe ser imperativa la «realización de la prueba diagnóstica PCR para garantizar que no se producen contagios y preservar así la salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE y la de los/as empleados públicos».

El sindicato CSIF destaca que «se debe hacer test a todo el personal, incluido los asintomáticos, a los que han estado trabajando como servicio esencial y aquellos que han estado en aislamiento por contagio o sospecha». Porque cualquier otra fórmula esconde el riesgo de reabrir los brotes de contagio.

CSIF destaca que «además, en los puestos de atención al público sólo se recomienda disponer de barreras físicas para evitar el contacto; no se garantiza la dotación de guantes y mascarilla, ni para el trabajador, ni para el público; no se garantiza la cita previa».

CSIF considera imprescindible la instalación de mamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y la obligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público a la entrada de los organismos, así como de los EPI para el personal que les atiende para evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos.

Salud de trabajadores y ciudadanos

«Si con ello no fuese suficiente, en el documento no se garantiza la implementación de las medidas preventivas, puesto que será cada uno de los departamentos y sus organismos dependientes, dentro de su ámbito organizativo, los que deben adoptar o actualizar sus medidas y actuaciones preventivas. CSIF exigía evitar la discrecionalidad en la implementación de las medidas mínimas exigibles para garantizar la protección de la seguridad garantizando estas en el documento», denuncia el sindicato.

En resumen, CSIF considera que la instrucción «no reúne las condiciones imprescindibles de seguridad para abordar con garantías la reincorporación del conjunto de los/as empleados púbicos». Y tampoco «garantiza el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme establece el art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».

Es más, según CSIF la instrucción «no garantiza la seguridad a los ciudadanos en sus relaciones presenciales con la Administración». «Las administraciones públicas deben ser un ejemplo y garantizar por todos los medios la seguridad de la ciudadanía y de sus plantillas», concluye el sindicato.