'CASO GARCÍA ORTIZ'

El Gobierno propone a Teresa Peramato, afín a García Ortiz, como nueva fiscal general

Fuentes jurídicas del entorno del Gobierno aseguraron que García Ortiz sugirió su nombre

Teresa Peramato, fiscal general del Estado
Teresa Peramato.
Esther Jaén

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. Se trata de una de las candidatas que, como adelantó OKDIARIO, se barajaban a sugerencia del propio Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

El Consejo de Ministros iniciará hoy el proceso para nombrar a Teresa Peramato después de que este lunes, Álvaro García Ortiz presentara su dimisión.

El pasado sábado, 22 de noviembre, OKDIARIO adelantó que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tenía en mente los nombres dos mujeres muy cercanas al entonces fiscal general del Estado para relevarlo. Las candidatas eran la actual fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, y la actual teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde.

Fuentes jurídicas del entorno del Gobierno aseguraron a este periódico que fue el propio García Ortiz quien sugirió los nombres de estas dos mujeres muy próximas y afines a él.

Las mismas fuentes manifestaron que, a criterio del ministro Bolaños, ésta era una forma de mostrar el apoyo del Ejecutivo a García Ortiz: nombrar una persona de su confianza y que, en cierto modo, «continúe con su línea de actuación».

Quién es Teresa Peramato

Actualmente, Teresa Peramato es fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Peramato es experta en el ámbito de la violencia de género. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y ocupó el cargo de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Entre junio de 2019 y octubre de 2021 fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación en la que milita el propio Álvaro García Ortiz.

En cuanto al proceso de su nombramiento, una vez aprobada la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.

Condena al fiscal general

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, al que tendrá que indemnizar con 10.000 euros por los daños morales ocasionados.

Asimismo, tendrá que pagar una multa de 7.200 euros. Y al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.

El fallo se adelantó la semana pasada pero la sentencia aún no está redactada. De momento, sólo se conoce un párrafo: «Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años».

Dicho precepto castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados», con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.

García Ortiz se convierte así en el primer fiscal general de Estado condenado de la historia de España. La condena por este delito de revelación de datos reservados (artículo 417.1 del Código Penal) ha sido dictada por una mayoría aplastante de los miembros del tribunal: cinco votos a favor y dos en contra.

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