El Gobierno da 800.000 € a una película que busca niños actores trans de entre 5 y 9 años

El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado una subvención de 800.000 euros para una película que busca para su casting principal niños trans de entre 5 y 9 años. A través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales dependiente del Ministerio de Cultura, el largometraje titulado La mitad de Ana, dirigido por la actriz Marta Nieto, ha recibido esta subvención, la máxima que podía obtener, según informó una de las productoras de la película, Elastica Films.

En concreto, el ministerio comandado por Miquel Iceta ha otorgado una ayuda «selectiva» para esta película, es decir, aquellas que se otorgan a «las empresas productoras independientes para proyectos que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de carácter documental o experimental o incorporen nuevos realizadores». Así, se han dado 400.000 euros a Elastica Films y otros 400.000 a Avalon, las dos productoras responsables del proyecto.

📢 Fresh news para empezar el finde: ‘La mitad de Ana’, la opera prima de @nietomarta, recibe el máximo importe de ayuda de @CineICAA. 👏🏻👏🏻👏🏻

🎥 Producimos Elastica y @Avaloncine. pic.twitter.com/ajMlSgA2s7

— elasticafilms (@ElasticaFilms) June 10, 2022

El que será el primer largometraje de Nieto tratará del «tema de lo trans en la infancia a través de una madre y un hijo en el proceso de cambio» y antes de comenzar el rodaje desde Velo Casting han lanzado una campaña en redes sociales donde especificaban que buscaban «niños trans o niñes no binaries» para «el primer largometraje de Marta Nieto».

Una petición que ha causado tal controversia que las responsables de este casting han retirado el cartel con la petición, mientras que Nieto salió a pedir «respeto» y a aclarar que su película se acercará «a la realidad de la infancia trans desde el respeto a la libertad de exploración de género y desde el cuidado que se merece».

Una polémica que llega en pleno debate por la tramitación de la Ley Trans promulgada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero después de que el PSOE haya pedido junto al PP ampliar el plazo para presentar enmiendas parciales a esta ley en el Congreso de los Diputados.

Es una mala noticia que PSOE y PP decidan retrasar la tramitación de la Ley Trans y de Derechos LGTBI.
No podemos hacer esperar más a las personas trans y a la comunidad LGTBI para que sus derechos sean ley, sin un solo derecho menos. Este es el compromiso del Gobierno

— Irene Montero (@IreneMontero) October 18, 2022

La ley impulsada por Montero reconoce la «libre determinación de género» sin informes médicos ni tratamiento a partir de los 14 años y sin consentimiento de los padres ni limitación alguna a partir de los 16. Además, los menores de 12 años podrán cambiar de sexo en el registro.

La norma impulsada por Irene Montero establece, además, que, transcurridos «seis meses» desde la inscripción en el registro de un cambio de sexo, las personas podrán solicitar volver a la mención de sexo original. Para la primera rectificación bastará con ir al registro. La segunda o sucesivas tendrán que contar con aprobación judicial.

El Gobierno ha ignorado los informes críticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado para seguir adelante con la tramitación. El CGPJ alertó de que la ley contiene disposiciones que van en contra del derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución en la medida en que propician el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales».

El Consejo de Estado, por su parte, se declaró contrario a que los menores de edad puedan cambiar de sexo en el registro sin contar con un informe judicial. Según este organismo, el cambio de sexo no se puede sostener «sobre la base de una decisión libérrima de la persona, no sujeta a condicionante alguno» y los menores deben someterse a la valoración de un juez, que compruebe su «madurez para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión» y vele por «su interés superior».

El Consejo de Estado considera asimismo que, teniendo en cuenta que «el cambio de sexo se haya afecto a los principios de orden público y de indisponibilidad» este proceso «debería estar sujeto a una serie de condicionantes que asegurasen cierta estabilidad en la definición de la identidad sexual de la persona».