La Fiscalía no se cree el desarme de ETA y advierte de que la ‘kale borroka’ sigue activa

La Fiscalía General del Estado cuestiona el desarme que la banda terrorista ETA escenificó en Bayona en abril de 2017 al percibir «diferencias» entre los inventarios de armas facilitados por los intermediarios y el material realmente entregado, al tiempo que advierte de que el «entorno» de la organización mantiene activa la violencia callejera, la denominada ‘kale borroka’.

Así lo expone el Ministerio Público en su memoria anual, presentada este lunes con motivo de la apertura del año judicial, en la cual hace un repaso a la actuación llevada a cabo a lo largo del año pasado en lo que respecta a casos de terrorismo y que se desarrollan en la Audiencia Nacional.

Sobre ETA, la Fiscalía comienza recordando que el pasado año la banda mantuvo el «cese de su actividad armada», el cual ha sido «revalidado» a través de distintos comunicados, «máxime cuando el pasado 8 de abril de 2017 la organización terrorista escenificó en Bayona una entrega unilateral de armas y explosivos».

El informe destaca «diferencias entre los inventarios de armas y material facilitados por ETA a través de sus intermediarios y el realmente entregado», el Ministerio Público augura que «el propio acto publicitado a nivel nacional e internacional y su declaración como organización desarmada» serán utilizados por ETA en su propio beneficio y en el de sus objetivos, en sus pretensiones para la denominada ‘resolución de las consecuencias del conflicto’, principalmente en lo relativo a la situación de los presos y huidos».

Para la Fiscalía General del Estado, la «confirmación» de la reciente derrota de ETA «ha sido posible por la respuesta firme del Estado de Derecho, entre la que destaca la tarea llevada a cabo durante mucho tiempo, y con un gran coste profesional (y a veces también, desgraciadamente, personal) de los miembros del Ministerio Fiscal, y singularmente, los que desempeñan su labor en la Audiencia Nacional y en el País Vasco y Navarra. Por eso, reafirma su «compromiso con la aplicación de la ley como la mejor forma de combatir el terrorismo».

Actos de apoyo a presos

Pero aunque continúe el «cese de la actividad armada», la Físcalía destaca que, en el marco de la ‘kale borroka’, «continúan registrándose actos de sabotajes de naturaleza diversa, susceptibles de ser atribuidos a grupos o individuos del entorno de ETA», en un número muy similar al año anterior.

Eso sí, indica que estos actos fueron «de escasa relevancia, alcanzando un mayor protagonismo los cometidos con ocasión de campañas o actos en apoyo y solidaridad con los presos de ETA o en homenajes a miembros fallecidos de esa organización terrorista, circunstancias que tradicionalmente han constituido un importante elemento dinamizador todo tipo de actuaciones, incluidas las de carácter saboteador».

La memoria anual de la Fiscalía también hace referencia a otras bandas terroristas como los GRAPO, la cual mantuvo en 2017 su «estado de extrema debilidad» y limitó sus acciones al «campo del proselitismo y la captación de nuevos militantes, principalmente dentro del entorno anarquista y de la izquierda radical u okupa».

Según el informe, esta actividad se vio incrementada el año pasado como consecuencia de la salida de prisión de algunos de los presos de la organización terrorista que «pretendían aprovechar la aparición de diversos movimientos de protesta y desencanto social para recuperar sus viejas teorías anticapitalistas y revolucionarias».

Apoyo al independentismo catalán

Este tipo de actividades se detectó en La Coruña durante los últimos meses de 2017, en los que «la denominada Acción Antifascista movilizó y aglutinó a integrantes de la peña Riazor Blues, a militantes de PCE(r) y a elementos vinculados con el movimiento anarquista y antisistema, fundamentalmente en apoyo al independentismo catalán, con el que se mostraron muy activos».

Dentro de las actividades llevadas a cabo por los miembros de la banda, la Fiscalía General del Estado también ve significativas las acciones de apoyo a integrantes de otros grupos terroristas, tal y como se constató con la presencia de personas relacionadas con GRAPO en actos vinculados con el Movimiento Pro Amnistía (ATA) y en los contactos entre militantes de ambas formaciones en Bilbao y Vitoria.

Por otro lado, en 2017 tampoco se registraron acciones terroristas por parte de Resistencia Galega, pero el Ministerio Público advierte de que a pesar de su debilidad, «continúa representando una amenaza, ya que cuenta con capacidad operativa suficiente para realizar acciones violentas, especialmente cuando su máximo responsable y su pareja continúan en paradero desconocido». «Dado su fanatismo independentista es previsible que pudieran tratar de reorganizar sus frágiles estructuras para retomar la senda de la actividad violenta», recalca.