Ábalos contraataca: denuncia a la Guardia Civil por abrir un sobre suyo siendo aforado

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado este jueves una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en la que acusa a la UCO de la Guardia Civil de vulnerar sus derechos como parlamentario aforado. El objeto de la controversia se centra en una presunta operación de vigilancia  con fotos a su casa y coche y la interceptación de una carta personal a su nombre que había en la casa de Koldo García en un pueblo de Alicante que supuestamente fue abierta.

Según sostiene el ex jefe socialista, miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) y de la Unidad Central Operativa (UCO) habrían establecido un dispositivo de vigilancia que no sólo se centró en su antiguo asesor sino que también en él y en Joseba García Izaguirre, hermano de su colaborador.

Un elemento particularmente controvertido de la denuncia es la alegación de que los agentes interceptaron y examinaron la citada comunicación postal dirigida específicamente a Ábalos. El sobre en cuestión, que llevaba claramente visible el nombre del exministro, contenía documentación relacionada con los contratos de material sanitario gestionados durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes con Soluciones de Gestión SL. Esta documentación, según indica la denuncia, había sido remitida por Jesús Manuel Gómez García, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Transportes.

Ábalos argumenta en su escrito que los investigadores pudieron acceder a esta correspondencia aprovechando la intervención de las comunicaciones de Koldo García. La denuncia añade un elemento adicional de gravedad al señalar que los agentes realizaron un trabajo de documentación fotográfica que incluyó imágenes tanto de su residencia como de su vehículo particular, material que posteriormente fue incorporado a los informes oficiales de la UCO.

El ex secretario de Organización del PSOE enfatiza en su denuncia que estas actuaciones policiales representan una extralimitación en las competencias investigadoras y constituyen una violación de las garantías procesales que le corresponden como parlamentario aforado. La presentación de esta denuncia añade un nuevo nivel de complejidad a la investigación en curso sobre la presunta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Documentación

Por otra parte, este jueves Ábalos ha registrado en el Supremo más de 1.000 folios para tratar de desmontar las acusaciones. Desde el informe contrapericial a la auditoría realizada por Óscar Puente sobre los contratos de mascarillas a los informes que le exculpan sobre las licitaciones millonarias señaladas por Víctor de Aldama.

El material aportado incluye diversos elementos clave: su información patrimonial, documentación sobre los pagos del polémico chalet de La Alcaidesa -que los investigadores sospechan podría ser una dádiva-, e informes tanto de Adif como de la Dirección General de Carreteras que, según la defensa, descartarían irregularidades en los contratos de obra pública durante su mandato.

También aporta el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de mascarillas bajo investigación y sus intentos de personación en la Audiencia Nacional y documentación relacionada con el Delcygate.

Estas acciones legales por parte de Ábalos se produce en un momento especialmente delicado, cuando la investigación sobre la trama de las mascarillas continúa ampliándose y diversos aspectos del caso están siendo examinados por diferentes instancias judiciales. Precisamente este miércoles el juez del Tribunal Supremo encargado de la instrucción ha enviado el suplicatorio para que el Congreso de los Diputados vote si se le permite imputar formalmente o no.

El instructor Leopoldo Puente considera que existen «indicios bastantes» de la comisión de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Ábalos muestra su extrañeza por el hecho de que el juez haya procedido con el suplicatorio sin esperar a examinar la documentación aportada.

El instructor justifica su decisión señalando que, tras las declaraciones de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, junto con las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, existen elementos suficientes para considerar que el exministro podría haber utilizado su cargo para facilitar la adjudicación de contratos a cambio de beneficios económicos, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

La decisión del magistrado marca un punto de inflexión en la investigación, al considerar que hay suficientes indicios cualificados para proceder con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, un paso necesario para continuar con la investigación judicial sobre el exministro. La Cámara Baja votará al respecto pero no antes de febrero. Tras ello, el juez podrá iniciar pesquisas directamente sobre la figura de Ábalos.