Sánchez quiere colar una ley que abre la puerta a la censura a los medios críticos en periodo electoral

Pedro Sánchez pretende colar una ley que dejaría abierta la puerta a la censura previa a los medios de comunicación en periodos electorales. Recientemente, el PP presentó en el Congreso una Propuesta No de Ley para controlar «la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet», haciendo especial hincapié en el origen extranjero de esas injerencias.

La iniciativa se rechazó y  el PSOE votó en contra. Sin embargo, lo destacado es que los socialistas enmendaron el texto de los populares eliminando una referencia a ataques provenientes de otros países. De esta forma, el texto quedaba aún más ambiguo y abría la puerta a la censura a los medios críticos con el Gobierno en plenas elecciones. En su enmienda, el PSOE apoyaba un acuerdo con medidas concretas ante la «desinformación como amenaza global sobre los sistemas democráticos», prestando especial atención a «medidas específicas para proteger escenarios sensibles como los procesos electorales democráticos». Sin más precisión sobre el origen de las informaciones.

Pese a las críticas, el Gobierno persiste en su estrategia de poner coto a los medios de comunicación. No hay un plan definido, pero sí el esbozo de los posibles escenarios, como las elecciones, que someter a debate.

El modelo francés: cierres de webs en elecciones

En vistas a esa posible regulación, el Gobierno ha admitido inspirarse en la legislación que ya han adoptado otros países europeos, como Alemania, Italia o Francia.

Aunque Bruselas ha rechazado por el momento legislar sobre el asunto, otros países sí están aprobando medidas específicas. Una de las legislaciones más estrictas es la del gobierno francés, que, en julio, aprobó una ley contra las llamadas ‘fake news’ que también pone el foco en las informaciones publicadas antes de las elecciones y que incluso permite a los partidos recurrir a un juez para que frene la difusión de «informaciones falsas» que les afecten desde el momento mismo en que se publique el decreto de convocatoria de elecciones.

La ley generó intensos debates sobre el concepto mismo de «noticia falsa», que finalmente se consideró como»toda afirmación o imputación de un hecho inexacta o engañosa», una definición demasiado ambigua según los críticos. La ley francesa impone además a los medios de comunicación –sobre todo digitales– un compromiso «reforzado» en las informaciones que se publiquen en períodos electorales y habilita al juez a bloquear en 48 horas el acceso a una web.

«Eliminar contenidos previa queja»

La anterior no es la única ocasión que el PSOE ha intentado legislar sobre la difusión de informaciones.

En otra enmienda, presentada a la Ley de Protección de Datos del Gobierno de Mariano Rajoy, el PSOE proponía también eliminar contenidos falsos de la Red que atentasen contra el derecho a recibir información veraz algo que pasaba, según los socialistas, porque los responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios equivalentes habrían de «garantizar la veracidad informativa». 

«A tal fin, se adoptarán y ejecutarán protocolos efectivos para, previa queja o aviso, eliminar contenidos que atenten contra el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», se sostiene en la enmienda.

Asimismo, los responsables de medios digitales habrían de admitir «a petición del interesado», la publicación en sus archivos digitales de un «aviso aclaratorio sobre noticias que le conciernan y cuya noticia original no refleje la situación actual del individuo causándole perjuicio».

Freno a los escándalos del Gobierno

En los últimos días, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado a cuestionar el trabajo de los medios de comunicación. Casualmente, en el pico de distintos escándalos que afectan a miembros del Ejecutivo, como las exclusivas de OKDIARIO sobre el plagio en la tesis de Sánchez o la sociedad patrimonial de Pedro Duque. 

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseveró la pasada semana que «la libertad de expresión no lo resiste todo» y se mostró partidaria de explorar una regulación conjunta en el marco de la Unión Europea. Por ahora, Bruselas se ha mostrado reticente a pronunciarse sobre la materia y delega la cuestión en las respectivas legislaciones nacionales.

También la portavoz, Isabel Celaá, se llegó a quejar de que el Gobierno está «sufriendo una ola de fake news» y a cuestionar incluso la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo busca asimilar como un ataque a la Nación, a los intereses de los ciudadanos y a la propia supervivencia del sistema democrático aquellas informaciones de los medios de comunicación que afecten al Gobierno y a sus instituciones.

«Están abandonando el famoso pretexto de que la mejor ley que regula la libertad de expresión y el derecho a la información es la que no existe. Debemos tomar decisiones que nos protejan», defendió Calvo.

Celaá se quejó, por su parte, de ciertas «preguntas» que le hacen cada viernes y que ha considerado «condenatorias, cual si fueran sentencias de tribunales». «Y esto arrolla la libertad de expresión y toda presunción de inocencia. No podemos consentirlo», abroncó.