⁠Errejón contrata a la abogada de un proetarra de Alsasua encarcelado por pegar a un guardia civil

Íñigo Errejón ha fichado para su defensa legal ante las acusaciones de agresiones sexuales a Eva Gimbernat, la abogada que defendió a uno de los condenados en el polémico caso Alsasua. Esa letrada representó a uno de los jóvenes sentenciados por la brutal agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra. Fue condenado a 9 años de cárcel. El caso Alsasua conmocionó a la opinión pública en 2016, se saldó con penas de prisión para ocho jóvenes por agredir a dos agentes de la Benemérita y sus novias en un bar de esa localidad navarra. Los hechos fueron calificados inicialmente como delito de terrorismo por la Audiencia Nacional, aunque finalmente la sentencia descartó esta tipificación.

Gimbernat, conocida por su activismo en causas relacionadas con derechos civiles, defendió públicamente la absolución de su defendido, Jon Ander Cob. Aseguró que no estuvo esa noche en el bar y no tiene «absolutamente ninguna vinculación» con el caso. Acabó en prisión y las últimas informaciones publicadas sobre él indican que en 2020 estaba esperando en la prisión de Zaballa (Álava) un cambio de grado para poder volver a casa de forma definitiva tras unos días de permiso. Fue en noviembre de 2020 cuando consiguió el permiso para abandonar la cárcel de forma diaria con el pretexto de estudiar el grado en Psicología.

Errejón ha fichado a esta letrada en pleno huracán mediático. Tras una denuncia anónima en redes sociales, al menos cuatro mujeres han denunciado al que fuera dirigente político de Sumar y Más Madrid en los tribunales. Una de ellas tiene perfil público, la actriz Elisa Mouliaá. En relación con ese caso, el juez Adolfo Carretero ha dictado la suspensión provisional hasta que la abogada de la artista afectada termine su baja por embarazo.

Errejón para enfrentarse a Carla Vall –la abogada de Mouliaá y de Jenni Hermoso– ha llamado a otra mujer, Eva Gimbernat, experta en derecho penal y acostumbrada a causas mediáticas.

Otro caso con recorrido en los periódicos con Gimbernat de por medio fue la causa abierta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). Se querellaron por hechos cometidos en El Salvador relacionados con derechos humanos en la Audiencia Nacional.

Eva Gimbernat es graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 2006. El último año fue en la Universidad de Bolonia (Italia). En 2019, realizó una estancia de investigación en el Instituto Max Planck, de Derecho penal internacional y extranjero, de Friburgo (Alemania).

Su trayectoria profesional arrancó en 2006 en el equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Allí estuvo 14 años, hasta 2020. Meses después, en septiembre, se incorporó al Center for Justice and Accountability, en San Francisco (Estados Unidos). Trabajó allí durante nueve meses. En 2007 ficharía por 14 años por Ollé Sesé Abogados, en Madrid, donde se volcó en temas de Derecho penal económico, Derecho Penal Internacional, Derecho Extradicional y Derecho Penitenciario. Tras eso logró ser profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y en el ISDE Law & Business School. Además, es colaboradora del máster de Acceso a la Abogacía. Finalmente, en marzo de 2021 abrió su propio despacho, Gimbernat Estudio Jurídico.

Recurso

El primer movimiento de la defensa del ex diputado de Sumar ha sido recurrir la decisión del juez de suspender temporalmente la causa durante la baja médica de la abogada de Mouliaá. La representante legal de Errejón anunció que estaba trabajando en el recurso que será presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, después de que este lunes se anunciara la decisión del juez de suspender provisionalmente el proceso.

El archivo provisional implica la suspensión de las declaraciones de Errejón y Mouliaá, programadas para este martes, así como de «todas las actuaciones y plazos del presente procedimiento hasta que la letrada de la denunciante reciba el alta médica». El juez explicó que Mouliaá «se ha negado a designar a otro abogado de su confianza que la sustituya», lo cual hace «inevitable la suspensión del procedimiento». De esta forma, la suspensión provisional permite que «no transcurran los plazos de instrucción» estipulados por ley, según apuntó el propio juez. No pueden prescribir los hechos. Sin embargo, Errejón no quiere alargar el caso y aunque la abogada de Mouliáa está a punto de dar a luz, quiere un juicio en las próximas semanas.

En la denuncia, Mouliaá describe hechos ocurridos a finales de septiembre de 2021, cuando, tras un año de comunicación en redes sociales, el político la invitó a la presentación de su libro. Al finalizar el evento, ambos fueron a un bar cercano. Mouliaá, que tenía planes de asistir a una fiesta en casa de un amigo esa noche, lo invitó «por cortesía» a acompañarla. Para su «sorpresa», Errejón aceptó.

Según el relato de Mouliaá, ya en el coche él mostró «una actitud dominante» y en el ascensor la habría agarrado «fuertemente» de la cintura y besado «de forma violenta», «dejándola sin respiración». En la fiesta, tras socializar con otros invitados, él la habría llevado «a la fuerza» a una habitación, donde ocurrieron varios tocamientos «sin su consentimiento».

La denuncia describe que Errejón le quitó el sujetador, le dirigió frases «lascivas» como «cómo me pones», la empujó sobre la cama, se desnudó e hizo tocamientos no consentidos. «Paralizada», ella expresó que quería volver a la fiesta. Según el relato, Errejón le dijo que podían salir de la habitación, pero debían irse juntos en 20 minutos. «Permanecieron un rato más en la fiesta», para luego dirigirse juntos al domicilio del político.

Allí, «sin mediar palabra», él habría reanudado los tocamientos. Ella expresó que se sentía «muy incómoda» y le comentó que le parecía «muy violento». Finalmente, le dijo: «Íñigo, sólo sí es sí; parece mentira que esto me esté pasando contigo», con lo que finaliza el relato plasmado en la denuncia.

Los hechos denunciados por Mouliaá el 24 de octubre ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) podrían constituir un delito de agresión sexual, castigado con penas de uno a cinco años de prisión.